Justicia civil: casi la mitad de los jueces ya implementaron audiencias orales

La oralidad civil efectiva se implementa en 14 poderes judiciales y la justicia civil nacional. Significa que 404 jueces del país utilizan esta novedosa herramienta de gestión judicial. En octubre comienza en Misiones.


A poco más de tres años del comienzo del programa Generalización de la Oralidad en Procesos de Conocimiento Civiles y Comerciales, los resultados en las provincias son notorios: casi la mitad de los jueces ya implementaron la oralidad efectiva a través de audiencias orales que permiten la agilización de los procedimientos, al disminuir la duración de los juicios.

La oralidad civil efectiva se implementa en 14 poderes judiciales y la justicia civil nacional, lo que implica que 404 jueces del país -actualmente el 45,5% del total- utilizan esta novedosa herramienta de gestión. Permite brindar una mejor respuesta a los ciudadanos que tramitan juicios tales como daños y perjuicios por accidente de tránsito o por mala praxis o cumplimiento de contrato o desalojos, entre otros.

En octubre se sumará el poder judicial de Misiones y así 16 jurisdicciones estarán trabajando con esta metodología.

La gestión de los procesos a través de la oralidad efectiva se estructura en dos audiencias a cargo directo del juez: una preliminar o inicial (orientada a depurar la prueba y organizar su producción) y una audiencia de vista de causa o de prueba concentrada videograbada, donde se realiza toda la prueba del juicio.

En ambas audiencias el juez intenta que las partes logren un acuerdo y deja abierta la posibilidad para que en cualquier momento los ciudadanos presenten una solución al conflicto. Estas audiencias se introducen en la práctica procesal a través de protocolos consensuados por los jueces, sin modificar los códigos procesales vigentes.

“La reforma de la justicia civil a partir del impulso del Programa Justicia 2020 en todo el país ya es un hecho: casi la mitad de los jueces han implementado procesos por audiencias orales, con presencia de las partes y a cargo directo del juez”, explicó el coordinador de Justicia 2020 Héctor Chayer.

“En una próxima fase es necesario reformar los Códigos procesales, para que establezcan firmemente el proceso oral, con nulidad absoluta de las audiencias si no están presentes los jueces”, agregó el funcionario.

Este año se presentó el anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial y, además, se está presentando en distintos puntos del país.

Para dar cuenta de estos avances en la gestión judicial existen algunos datos que pueden observarse. Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos fueron las primeras provincias en publicar data sets de oralidad civil, incorporando información estadística en el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina, creado en 2016 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La suma de las audiencias celebradas entre en esos poderes judiciales llega casi al 65% del total en las jurisdicciones que trabajan con la dinámica de la oralidad efectiva, lo que implica contar con una muestra de gran densidad para la exploración y explotación de datos.

Implementación gradual y efectiva

La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, llegó a junio de 2019 con 113 jueces implementando la oralidad, pero en agosto 2016 en su comienzo fueron no más de 50. Esto marca la gradualidad en la implementación de la oralidad efectiva.

Buenos Aires, San Luis, Formosa, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, jueces del fuero civil nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, San Juan, Chaco, Tierra del Fuego, Córdoba, Chubut y Corrientes, son las jurisdicciones que participan de la generalización de la oralidad en los procesos civiles, en octubre se incorpora el poder judicial de Misiones.

De acuerdo al Informe Nacional sobre la Implementación de la Oralidad Civil, entre agosto de 2016 (año en que inició el programa) y junio de 2019 se resolvieron más de 12.600 procesos de conocimiento mediante juicios orales.

El 49% de los juicios finalizaron por acuerdo de partes y el 68% de los procesos finalizados se resolvió en menos de dos años desde su inicio.