Asumiendo las obligaciones internacionales del Estado argentino, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa en la cual se deberán investigar las responsabilidades de la violenta represión y sus consecuencias, como las lesiones gravísimas a personas que incluso han perdido alguno de sus ojos.

Cabe recordar que el pasado 20 de junio, ante la represión llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales, la CIDH había llamado la atención al Estado argentino exigiendo “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

Agregó la CIDH que “en cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que estos son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta. Es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.

Por su parte, Naciones Unidas exhortó al Estado a “investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy. Pero también deben redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos”.

Lejos de tan claras advertencias que fueron informadas por el Estado Nacional a fin de que la provincia de Jujuy cese con las violaciones a los derechos humanos, el Gobierno provincial acaba de anunciar la profundización de la criminalización de las protestas, con penas llamativamente expeditivas a personas que estaban ejerciendo sus legítimos derechos.

Tan preocupante como eso es que el Poder Judicial provincial cumpla siempre al pie de la letra lo que el Poder Ejecutivo se adelanta en anunciar, dejando en evidencia la absoluta falta de independencia entre poderes.

A contramano de las expeditas sanciones contravencionales a quienes ejercían sus legítimos derechos, el Ministerio Público de la Acusación no informó ninguna medida concreta sobre la denuncia penal presentada por la Secretaría, la cual –en coincidencia con las recomendaciones de la CIDH y Naciones Unidas- solicitó que se investigue a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en las represiones, como ser los disparos a los ojos, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, actuación de policías de civil infiltrados, etc. Sobre esta investigación no hay información acerca de ningún avance.

El Estado argentino es mundialmente reconocido por ser un ejemplo de defensa de los derechos humanos. Esa construcción que nos debe generar orgullo, no puede ser dañada por acciones irresponsables e ilegales de un gobierno provincial.