El primer encuentro virtual tuvo como eje la “Transversalización de la transparencia: experiencias de áreas de integridad y transparencia en la administración centralizada” en el cual participaron como panelistas: Roxana Mazzola, Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas; Marianela López, Directora de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Transporte; Cristina Caamaño, Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia; Luis Villanueva, Subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA. La moderación estuvo a cargo de Gonzalo Diéguez del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento CIPPEC); y Nina Sibilla de Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).

En primer lugar, los moderadores plantearon el interrogante sobre cuáles fueron los objetivos que pudieron cumplirse y cuáles replantearse en el contexto de pandemia. En este punto, Roxana Mazzola, explicó que “gestionamos con pandemia y en pandemia”, y agregó que “fue un desafío muy fuerte y nos obligó a hacer mejor las cosas y a tener mayores controles vinculados con la transparencia y la corrupción".

En ese sentido, Mazzola enumeró algunas de las acciones que se realizaron luego de crear la Dirección que conduce como “la evaluación externa Maps, programa de monitoreo y evaluación y el Observatorio de la Obra Pública”. Además, sostuvo que desde su área se promueve el desarrollo de “procesos de mayor concientización dentro del organismo y al mismo tiempo trabajar con otras áreas fuera del Ministerio”, como la OA o la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional.

Luego, Cristina Caamaño resaltó que “una de las primeras medidas que tomamos al asumir fue transparentar y reducir los gastos reservados. Más del 99% de los gastos eran secretos. Nosotros los pasamos a menos del 10%”. Con el objetivo de profundizar la transparencia, Caamaño explicó que se está avanzando para que todos los funcionarios de la AFI presenten declaraciones juradas de la misma forma que los integrantes del resto del Estado Nacional.

Por parte de la OA, Luis Villanueva contó que al iniciar la gestión, y en el contexto de la pandemia “nos pusimos a planificar y logramos concretar la iniciativa de extender la capilaridad de la Oficina Anticorrupción, los espacios, las áreas de transparencia e integridad que se han ido conformando en los ministerios, en empresas centralizadas y descentralizadas” y agregó que “el efecto multiplicador de las iniciativas, ha sido exponencial”. Destacó además “una mejor articulación con otros organismos del Estado” y que eso “reforzó nuestro papel preventivo”.

Marianela López relató que “fue un año muy particular sobre todo para las áreas que comenzaron a construirse”. Para la funcionaria del Ministerio de Transporte fue un desafío “atender las cuestiones urgentes sin dejar de lado las políticas importantes como las de integridad y transparencia”.

Respecto a las prioridades de gestión en materia de transparencia e integridad, Villanueva aseguró que “la actualización de la ley de Ética Pública, sería muy importante. Sabemos que no va a ser sencillo”.

Durante el encuentro también se hizo referencia a las experiencias con la sociedad civil. En ese marco, Caamaño anunció: “Estamos armando una nueva ley de inteligencia con el asesoramiento de distintas de la ONG y algunas personas particulares, tenemos muy avanzada una ley que antes de fin de año le va a ser entregada al Presidente”, y destacó las reuniones con organizaciones respecto a la “desclasificación de material” sobre la última dictadura cívico militar y el atentado a la AMIA. Además, habló sobre la “creación del comité de ética integrado por la OA y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, con el objetivo de promoción de políticas integrales de transparencia e implementación de estrategias para la lucha contra la corrupción”.

Por su parte, Villanueva, destacó que “nos ha tocado poder articular mucho con las organizaciones de la sociedad civil en cuestiones específicas referidas al sector empresario, corrupción y género, y la más general que tiene que ver con lo que era el Plan Nacional Anticorrupción, hoy Estrategia Nacional de Integridad, que cuenta con la participación de un Consejo Asesor que estaba definido, pero que hemos ampliado a organizaciones de distintas provincias, universidades, organizaciones no gubernamentales especializada en cuestiones de género y derechos humanos; tenemos la idea de atender la corrupción con distintos frentes y distintas perspectivas. Nuestra articulación ha sido permanente y va a ser mayor”.