Presidencia de la Nación

Informe sobre la Estrategia Nacional de Integridad

Fue presentado ante el Consejo Asesor por la Oficina Anticorrupción junto a la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Además, la OA dio detalles del anteproyecto de elaboración participativa de reforma de la Ley de Ética Pública.


En el marco de la cuarta reunión del Consejo Asesor para el Seguimiento de la Implementación de las Iniciativas incorporadas a la Estrategia Nacional de Integridad (ENI), la Oficina Anticorrupción (OA) presentó el informe donde se explicaron los avances y el desarrollo del trabajo respecto a las iniciativas presentadas por los diferentes organismos.

En el inicio del encuentro, Félix Crous, titular de la OA, anticipó que se presentará un anteproyecto de ley de reforma de la ley de Ética Pública. Destacó además que este anteproyecto será compartido a través del sistema previsto en el decreto de elaboración participativa de normas. “Creemos que a 20 años de la sanción de la ley de Ética estamos en condiciones de hacer un balance de desafíos y reformas necesarias”, dijo Crous.

Comentó también que la filosofía de esta reforma, que es compartida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es “salir de una mirada estatalista y reactiva de la corrupción para ir a una mirada comunitaria y global del fenómeno y su abordaje”. Destacó que el hincapié debe estar “en el desarrollo de políticas públicas para prevenir hechos de corrupción, dejando la tarea reactiva al Ministerio Público y el Poder Judicial”. Crous recordó que esta mirada va en mismo sentido que la reciente ley de Ética de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue sancionada de forma unánime por los dos bloques mayoritarios.

Luego, el titular de la OA repasó los puntos principales de la reforma propuesta. En primer lugar, destacó los cambios en el sistema de Declaraciones Juradas. “Somos perfectamente conscientes de las críticas y las idas y vueltas que ha sufrido el régimen” y agregó que “creemos que hay que definirlo por la máxima ampliación, donde toda la información obligada sea información pública”.

Crous se refirió a continuación a la necesidad de establecer limitaciones pre y post ejercicio de la función pública, ya que la ley actual no es completa en este sentido. Más adelante, sostuvo que el Poder Judicial y el Ministerio Público “han avanzado en un proceso de autonomía legislativa” y una “tendencia a la autorregulación” que ha debilitado la aplicación de la ley de Ética Pública. Para remediar esta situación, “proponemos una réplica de esta agencia en cada uno de los poderes del Estado con la capacidad de autorregulación, pero con la aplicación de la ley que diga cuáles son los deberes y derechos” y afirmó que “debemos tener un piso que nos contenga a todos, nadie puede autoexcluirse del cumplimiento de la ley”.

Más adelante, el titular de la Oficina explicó que en el proyecto se profundiza el registro de obsequios y viajes y que se prevé un registro de personas incumplidoras al sistema nacional de integridad. Finalmente, Crous anticipó que los funcionarios tendrán prohibido mantener “posiciones patrimoniales offshore, bajo la forma de sociedades, de cuentas, o de giros patrimoniales en plazas no colaborativas”. Desprenderse de este tipo de activos será un requisito para asumir. “Es una exigencia razonable. No es compatible ser funcionario y poner bajo un cono de sombra nuestro patrimonio”, resaltó.

Por su parte, la Directora Nacional de Ética Pública, Natalia Torres habló sobre la elaboración y el desarrollo del trabajo en base a la ENI en los últimos meses. En base a ello dijo: “La Estrategia cuenta con 82 iniciativas, que fueron presentadas por un total de 45 organismos, hay algunas que se van a incorporar a medida que sean formalizadas por los organismos. Un aspecto de relevancia para la ENI, es que tiene flexibilidad. No es una foto, es algo vivo que permite que organismos que no presentaron iniciativas lo hagan, y otros que las van desarrollando y pueden presentar nuevas. La ENI no es un documento cosificado que queda ahí, es un organismo vivo que vamos a ir actualizando”.

En cuanto a la elaboración de la propuesta Torres remarcó que “la ENI no es una pura recopilación de acciones o iniciativas, es el fruto del trabajo colaborativo con cada uno de los organismos, con el equipo de la ENI, donde conversamos acerca de las actividades y las pensamos juntes de cómo podían ser más potentes e integrales”.

En este sentido, la funcionaria de la OA destacó que la idea fue “diseñar y poner a disposición de los organismos los lineamientos para el diseño de iniciativas que permitieron generar herramientas para el análisis y sistematización de las iniciativas que fuimos recibiendo”. De esta manera se relevó que “uno de los lineamientos con mayor atención es el impulso de la transversalización, la capilaridad que venimos promoviendo de manera fuerte desde la OA, donde se demuestra que hay interés por parte de los organismos de generar espacios que puedan trabajar políticas de integridad”. En relación a ello, Luis Villanueva, subsecretario de la Dirección Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, quien moderó el encuentro, expresó: “la ENI es un proyecto abierto que demuestra un proceso de articulación de organismos públicos en colaboración con la sociedad”.

Más tarde, Juan Ignacio Morelli, Director Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros se refirió a la construcción de indicadores dentro de la ENI. Destacó la importancia de los mismos (que no estaban incluídos en la propuesta previa a la actual gestión) dado que “nos permite tener una gran calidad descriptiva de cada una de las actividades”.

Agregó que “son hitos necesarios para el avance, un camino para poder llegar completar la iniciativa que se quiere proponer; marca una hoja de ruta. Nos permite tener un grado de avance de la política pública. Es útil no sólo para los efectores, que son los que la desarrollan, sino que es una información valiosa para el Consejo y para la ciudadanía: cuales son las medidas de los organismos y cual es el grado de avance”.

Finalmente, presentó el Mapa de Acción Estatal, la plataforma que integra, sistematiza y grafica qué hace el Estado y que actualmente se encuentra en desarrollo. Este Mapa “va a cubrir dos grandes ejes: la gestión y la transparencia. Es una herramienta de seguimiento dónde los organismos van a poder cargar sus propias iniciativas. Se va a publicar en tiempo real”. Morelli destacó que “sirve para la ciudadanía en general porque se ven los avances reportados”. Además, será de acceso público sin ningún tipo de registro. “Toda la información va a estar en un conjunto de datos abiertos, esto va a permitir análisis particulares”, puntualizó.

Por último, Beatriz de Anchorena, Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional en Secretaría de Gestión y Empleo Público explicó que “el Mapa de Acción Estatal es un panel para la Estrategia Nacional de Integridad, y a la vez es una gran base de datos para saber qué hace el Estado en integridad y transparencia. Una de las herramientas que tenemos además de ver las iniciativas, es un instrumento de documentación de políticas. La idea es vincular las acciones o iniciativas con los problemas públicos principales y también vincular las acciones con la respuesta pública”. En base a ello afirmó que “contar lo que hace el Estado es un tema complejo y la herramienta nos brinda un lenguaje común”.

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