La Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades (CTIO) convocó a una reunión sectorial estatal para promover la inclusión de mujeres en la actividad del Transporte Automotor. El objetivo fue garantizar la igualdad de oportunidades, tanto en el acceso como en el sostenimiento del empleo, para la población femenina. La coordinación del encuentro estuvo a cargo de la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, Pamela Ares, quien anunció que su área trabaja un programa específico para atender la desigualdad de género en el sector del Transporte.

Por parte del MTEySS, participaron el director nacional de Fiscalización del Trabajo, Juan Conte; la directora general de Asuntos Jurídicos, María Liliana Archimbal; la directora nacional de Protección e Igualdad Laboral, Patricia Sáenz, y la directora de Promoción e Integración de la Mujer, Género y Diversidad, Romina Rodríguez. A su vez, estuvieron presentes Pilar Escalante, subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; Florencia Esperón, directora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Transporte; Judith Said, titular de la Unidad de Coordinación de Políticas de Géneros y Derechos Humanos de AFIP, y José Arteaga, director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Durante el encuentro se detallaron algunas líneas de acción para alcanzar este objetivo, entre las que se destaca el trabajo articulado entre las áreas de fiscalización de las carteras de Trabajo, Transporte y AFIP, así como la continuación en el diseño del programa que permitirá dar oportunidades laborales a mujeres que tengan la voluntad de ejercer como choferes de transportes de pasajeros. Por otra parte, se apunta a facilitar las tramitaciones que se realizan en el marco del Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (REMACC), que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) desde el 2019.

Estas acciones se encuadran en el fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala II) ante el caso de Érica Borda, una chofer de colectivo que fue discriminada por diferentes empresas en su búsqueda laboral por razones de género. La sentencia estableció la obligación para las autoridades gubernamentales de establecer una reglamentación para compensar las desigualdades detectadas en la actividad.