El INTA publicó una guía para organizar la prevención de incendios serranos y de interfase urbano-rural, a partir de una metodología que articula información territorial, planificación y coordinación entre instituciones y comunidades. El trabajo se basa en la experiencia acumulada en la provincia de Córdoba, donde se queman en promedio unas 90.000 hectáreas por año.

El documento, denominado "Plan Base para la Prevención de Incendios Serranos y de Interfase Urbano-Rural", sistematiza cuatro años de experiencia en unas 50.000 hectáreas, con participación de municipios, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, organismos provinciales, productores, vecinos e instituciones.

La metodología combina organización local, información territorial y acciones concretas sobre el paisaje, para coordinar recursos y decisiones antes de que ocurra el fuego. En ese sentido, la propuesta busca desplazar el eje desde la respuesta ante la emergencia hacia una planificación preventiva sostenida durante todo el año.

Mesas y nodos

El trabajo del INTA en torno a los incendios comenzó con el monitoreo y la evaluación posterior a los fuegos. Con el paso de los años, y especialmente a partir de 2020, el enfoque empezó a cambiar. “Se cambia hacia una mirada más preventiva sobre el fenómeno”, explicó Nicolás Marí, profesional de la Agencia de Extensión Rural (AER) del INTA Cruz del Eje.

Ese proceso llevó al INTA a vincularse con la Asociación Rural Sierras Chicas (ARSCH) y con productores interesados en relevar los recursos disponibles en cada zona. El objetivo era conocer las capacidades existentes y cómo podían articularse frente al riesgo de incendios.

A partir de esa experiencia se conformó una red con instituciones públicas de la provincia de Córdoba, entre ellas los ministerios de Bioagroindustria y de Seguridad, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, Defensa Civil y los Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes (ETAC), además de los municipios.

De esa articulación surgieron las mesas de fuego. “Son mesas de trabajo interinstitucional que buscan establecer ciertos compromisos de las instituciones para abordar la prevención de los incendios”, explicó el técnico del INTA.

En paralelo, la ARSCH propuso agrupar a productores y vecinos rurales en nodos. De esta manera quedaron definidos dos niveles complementarios: “La organización institucional a través de las mesas y la organización de los vecinos a través de los nodos”, indicó.

Ambas estructuras permiten reunir y ordenar conocimientos que hasta entonces estaban dispersos. A partir de ese proceso se definieron metodologías y acciones que luego dieron forma al plan base, con la intención de que puedan adaptarse a otros lugares. “La idea es que sea útil y replicable en otros territorios de la provincia”, señaló.

Prevención todo el año

La elaboración del plan incluyó talleres y distintas metodologías para analizar no solo las herramientas disponibles, sino también los procesos necesarios para intervenir en cada zona. Uno de los principales desafíos fue comprender las dinámicas locales y construir un mapa de actores.

“Fue un trabajo muy largo para entender cuáles son las funciones de los distintos organismos y cómo podemos colaborar desde nuestra institución”, señaló Mari. Ese relevamiento permitió precisar responsabilidades y establecer formas de articulación.

El esquema contempla tres momentos: antes, durante y después de un incendio. Históricamente, la intervención estuvo concentrada principalmente en la emergencia y, una vez extinguido el fuego, en la evaluación de daños y las tareas de remediación.

La novedad está en incorporar de manera sistemática la instancia previa. “Al mover el esquema hacia la parte preventiva, es un cambio de paradigma. Es una nueva filosofía trabajar todo el año en prevención”, afirmó el profesional del INTA.

Un fenómeno recurrente

La serie de 30 años relevada por el INTA muestra que los incendios se repiten cada temporada, aunque con fuertes variaciones en la superficie afectada. En 2020, uno de los máximos históricos, el fuego alcanzó unas 350.000 hectáreas.

“Es un fenómeno constante en el tiempo, variable y multifactorial, pero ocurre todos los años”, señaló Mari. Su impacto se vuelve especialmente crítico en las áreas de interfase, donde pone en riesgo vidas humanas y bienes materiales.

El problema también alcanza a las zonas rurales, con consecuencias sobre la actividad agropecuaria y los bosques nativos. Entre los principales daños aparecen la pérdida de forraje, la afectación de la infraestructura de los establecimientos y la mortandad de animales.

Ese componente productivo explica la participación del Ministerio de Bioagroindustria en las estrategias de prevención. “Estamos hablando de pérdidas en infraestructura agropecuaria, principalmente alambrados, muerte de animales y pérdida de forraje”, ejemplificó.

Inteligencia territorial

Dentro de este proceso, el convenio específico entre el INTA y la Asociación Rural Sierras Chicas se extendió durante dos años. Ahora comienza una segunda etapa de vinculación, mediante un servicio técnico especializado destinado a profundizar el conocimiento de cada zona.

“El objetivo es avanzar en lo que llamamos inteligencia territorial”, explicó Mari. La propuesta apunta a generar información precisa y actualizable que pueda utilizarse para orientar la toma de decisiones y las acciones de prevención.