Desde la delegación Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), manifestamos gran preocupación por el recibimiento que tuviera el ex policía Luis Chocobar, condenado por homicidio agravado, por parte del jefe de Policía de Salta, comisario general José Alberto Ibarra, y por el secretario de Seguridad del Gobierno de la Provincia, Benjamín Cruz, el pasado 24 de junio. Según las partes, Chocobar llegó a la provincia “para estrechar lazos con la Policía de Salta”.

Debemos recordar que el ex policía Luis Chocobar fue condenado por la Justicia como autor penalmente responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber. La pena que deberá cumplir es de dos años de prisión y cinco años de inhabilitación especial para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego y para el uso de armas de fuego.

La violencia institucional es un fenómeno complejo que abarca desde la detención por averiguación de antecedentes, hasta las formas más extremas de violencia como la tortura física y psicológica o el asesinato. Según estadísticas de la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, durante el 2020 el ámbito de las fuerzas de seguridad, reunió el 3% de las consultas recibidas por prácticas discriminatorias, siendo uno de los diez ámbitos más consultados por la población.

Se trata de prácticas estructurales de violación de Derechos Humanos que van desde la vulneración del debido proceso, la discriminación o el sometimiento a un proceso penal en el marco de una “causa armada”, las detenciones arbitrarias, la extorsión policial para habilitar usos del espacio público (coimas), los daños físicos, las ejecuciones y la tortura llevadas adelante por funcionarios o funcionarias pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad.

Todos los casos de violencia institucional deben ser reconocidos, acompañados y reparados por los organismos pertinentes. Y las provincias y municipios deben tomar un rol activo en esta materia. En este sentido, expresamos gran preocupación por el hecho de que tanto el jefe de Policía de Salta, como el secretario de Seguridad del Gobierno de la provincia, acompañen y avalen a la Fundación Chocobar, en un claro mensaje de respaldo a aquellas prácticas de vulneración de los Derechos Humanos y que promueven la violencia institucional como política de Estado.

Desde INADI sostenemos que el Estado debe ser el primer responsable en instar a la prevención de la violencia institucional priorizando el enfoque de los Derechos Humanos.