El INADI, desde su Delegación en Mar del Plata, expresa su preocupación y rechazo a la resolución del magistrado Alfredo López que hizo lugar a una medida cautelar que pedía que se suspendan los efectos de la Ley 27.610, por considerar que la norma viola la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción.

De esta forma, el magistrado ordenó la suspensión cautelar tanto de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo como del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo Nacional.

Desde el INADI se cree que esta judicialización de la soberanía sexual es una reacción claramente antidemocrática y conservadora, que atenta contra los derechos humanos. de las personas gestantes.

La realidad es que luego de mucho debate y movilización, el cuerpo legislativo nacional asumió el tema, y junto a la mayoría de la sociedad, se decidió reconocer el derecho a abortar. Que algunos sectores vayan al poder judicial a seguir su disputa política y social luego de la decisión democrática es algo desalentador para el estado de derecho.

Los intentos de los sectores conservadores para frenar la aplicación de esta ley con recursos de amparo para que sea declarada inconstitucional, vienen fracasando en todo el país. Hasta el momento se presentaron 29 recursos de este tipo en diferentes provincias y fueros (federal y provincial), y 18 ya fueron rechazados.

Desde la delegación se manifiesta la preocupación a que se le dé lugar a esta posición minoritaria y antidemocrática, y se espera que los tribunales no sigan acompañando estas iniciativas jurídicas antifeministas.