“Hoy más que nunca es necesario un Estado presente capaz de dar respuestas efectivas"

Ana Castellani resaltó que durante la pandemia la administración pública “demostró gran capacidad y flexibilidad para adaptarse a un modo de funcionamiento remoto, garantizando servicios sin exponer la salud de sus trabajadores/as ni de la ciudadanía”.


La Secretaría de Gestión y Empleo Público desplegó sus ejes de trabajo en los primeros seis meses de gestión al mismo tiempo que debió adecuarse a las nuevas condiciones de funcionamiento dispuestas bajo la pandemia y la atención de las demandas de la ciudadanía. “Hay que multiplicar las formas y las estrategias para atender lo urgente que es la pandemia y seguir desplegando nuestros ejes de gestión”, dijo Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público, quien resaltó la capacidad y flexibilidad de la administración pública para adaptarse al modo de funcionamiento remoto, garantizando servicios sin exponer la salud de sus trabajadores/as ni de la ciudadanía.

Para hacer un breve repaso del trabajo realizado hasta el momento desde la Secretaría: se articuló entre las diferentes jurisdicciones y las provincias; se promulgaron nuevas licencias con perspectiva de género para la Administración Pública Nacional (APN); se incrementaron las partidas presupuestarias para formación y capacitación y se pusieron en marcha líneas de fortalecimiento institucional, producción y sistematización de datos para facilitar el análisis y diseño de nuevos instrumentos de gestión, entre otras iniciativas. Además, se desarrollaron acciones y herramientas para poner la función pública al servicio de los/las ciudadanos/as, en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto para enfrentar la situación sanitaria generada por el nuevo coronavirus COVID19.

Durante este primer semestre, la Secretaría de Gestión y Empleo Público concretó una serie de encuentros en el marco del Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP) para fortalecer la capacidad de coordinación y articulación interinstitucional a nivel federal con provincias y municipios; algo fundamental para hacer frente a la emergencia sanitaria y a la crisis económica que provoca la pandemia. Así, el COFEFUP realizó 35 reuniones con referentes de la administración pública de las provincias, para construir objetivos comunes de políticas de función pública potenciando la concertación federal.

En relación a las políticas de Empleo Público, la Secretaría debió adecuar normativa para dar cuenta de la situación de los 187 mil agentes civiles de la Administración Pública Nacional. También se diseñó y procesó una encuesta sobre las dificultades y los efectos que el trabajo remoto —modalidad que debió adoptarse sin ninguna experiencia o preparación previa— generaba en la vida de las y los empleados de la APN.

Así se redactaron dos guías de acompañamiento; una para el trabajo remoto y otra para el manejo de equipos en forma remota. También se trabajó en el diseño de protocolos para aquellos agentes que sí debían prestar servicios presenciales por considerarse su trabajo como función esencial y se trabajó con los sindicatos para establecer las condiciones laborales en las que se desarrollará la labor diaria a partir de la apertura.

Desde la Secretaria de Gestión y Empleo se trabaja por un Estado libre de violencias y discriminaciones: antes de la pandemia se diseñaron e instrumentaron licencias para la APN con perspectiva de género. A las licencias ya vigentes (maternidad, tenencia por adopción, atención a hijos menores o grupo familiar, matrimonio, reducción horaria por lactancia) se han incorporado la licencia laboral por violencia de género, las licencias por adaptación escolar y las franquicias horarias por trámites y actos escolares. También se está trabajando para que la licencia por adecuación física al género autopercibido no sea considerado licencia por enfermedad.

En materia de discapacidad la Secretaría de Gestión y Empleo Público trabajó en la actualización y adaptación del Manual de buenas prácticas y elaboró, en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una agenda de trabajo que incluye la firma de un convenio con ejes de acción inclusivos para la segunda mitad del año y la incorporación de las PCD en el Dto 132/20, entre las excepciones para la contratación de personal.

En cuanto a políticas de género y diversidad se trabajó desde la Secretaría con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para estudiar y analizar las diferentes problemáticas y establecer mecanismos e instrumentos normativos que faciliten la incorporación de un cupo para personas trans en el empleo público nacional

En relación a la oferta formativa y de capacitación que desde el INAP se le brinda a toda la APN, debió reconvertirse en modo remoto; así, en estos primeros seis meses se abrieron 436 comisiones de diferentes cursos virtuales, de los que participaron 80.352 personas. Se reasignaron recursos al Plan Federal de Capacitación y, para consolidar esta iniciativa aún más se realizó una convocatoria abierta a las universidades nacionales para desarrollar un plan en conjunto con las provincias en el marco del Consejo Federal.

Tanto las líneas de investigación como las publicaciones mantuvieron su ritmo: se publicaron 18 Cuadernos del INAP (CUINAP) — hay 15 en proceso de elaboración— y hay 8 líneas de investigación en desarrollo. También se procesaron y editaron 2 Informes Trimestrales de Empleo Público (ITEP) y el Informe Trimestral de la Estructura del Estado Nacional. (ITESEN). En este período se realizaron también 47 videconferencias con expositores de la talla de Oscar Oszlak, Eduardo Rinesi, Mario Riorda y María Esperanza Casullo, entre otros.

La Secretaría también se propone mejorar la calidad de la planificación e implementación de las políticas públicas que se traducen en más y mejores servicios para la ciudadanía. En este período excepcional bajo la pandemia es fundamental seguir garantizando la transparencia y la dimensión ética en la planificación de las políticas públicas. Por eso, junto con la Sindicatura General de la Nacion y la Oficina Anticorrupción se trabajó en el diseño y realización de capacitaciones destinadas a fortalecer las capacidades de los organismos públicos para garantizar la integridad, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de compras y contrataciones tramitadas en la emergencia. También se elaboró el catálogo de Etica, que agrupa toda la normativa relacionada a estos temas.

Se realizaron asistencias técnicas a las diferentes jurisdicciones para la formulación de proyectos como el Plan de Integridad y Cumplimiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y, en la actualidad se está trabajando en un proyecto con Migraciones.

Otro de los objetivos fundamentales de esta Secretaría es la mejora del acceso de la ciudadanía a los derechos y servicios provistos por el Estado: se relevó y compiló el Catálogo de Derechos y Servicios a la Ciudadanía —Separata Covid19, que agrupa 500 prestaciones y regulaciones de 55 organismos públicos actualizado permanentemente. Con esta información se pudieron responder más de 5000 consultas de ciudadanas y ciudadanos a través de las cuentas institucionales en Facebook y Twitter de la Secretaría de Gestión y Empleo Público (SGYEP). Antes del aislamiento obligatorio se había creado la Red Interinstitucional de Seguimiento de Gestión conformada por 35 referentes de todos los organismos públicos y gracias a ellos y todo el trabajo conjunto se pudo construir el Catálogo de Derechos y Servicios antes mencionado.

También se desplegó el Mapa de la Acción Estatal, que permite realizar asistencia en planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, reingeniería de procesos para la mejora de servicios e integridad y transparencia a organismos públicos.

“Proponemos un Estado que se guíe con una impronta ético-política en la toma de decisiones, que se expresa claramente en una frase del presidente Alberto Fernández: empezar por lo últimos para llegar a todos. Y esto sólo es posible en el marco de un contrato de ciudadanía social, fraterno y solidario que hoy en el contexto de la emergencia sanitaria es todavía más necesario” dijo Castellani.