Cuanto a que asegurar un régimen básico de asistencia social y prestaciones de seguridad social es una política (también) necesaria para afrontar la crisis mundial.

Esta conceptualización forma parte de la respuesta de la ONU a un pedido del G20 de buscar medidas tendientes a paliar las consecuencias de la actual coyuntura.

La implementación del “piso” en cada país debe abarcar dos dimensiones: el acceso a servicios básicos y la accesibilidad a mecanismos de protección social.

No obstante, no se trata simplemente de superar la situación puntual con una visión cortoplacista, por el contrario, se promueve el diseño de estrategias nacionales sostenibles a largo plazo.

Subyace, pues, la concepción de la protección social, no como un lujo sino como un derecho fundamental y universal, y también como un bien público y una prioridad, en la medida que es un componente esencial de estabilidad social y económica y por tanto, de reducción de la pobreza.

Este principio contradice a cierto sentido común respecto de la seguridad/protección social como una fase posterior al crecimiento. La seguridad social es una condición del desarrollo económico, no una consecuencia.

Debemos enfatizar que no se debe “esperar” el crecimiento de los países para introducir mejoras o innovaciones en los dispositivos de seguridad ó de protección social, sino que estos sistemas pueden/deben contribuir al desarrollo económico mismo.

Es preciso reiterar la importancia de la seguridad social en el desarrollo de los países: muchos estados que hoy cuentan con robustos sistemas de amplísima cobertura, pasaron por estadíos de estancamiento y pobreza. La protección social estuvo en el inicio del camino al desarrollo, no en el final o como su consecuencia.

Debemos destacar la importancia de dos principios centrales:

a) Voluntad Política para cambiar las reglas de juego. En Argentina se comenzó a construir a partir de la recuperación del salario mínimo, la paritaria docente, el incremento del haber mínimo jubilatorio, el fortalecimiento de las asignaciones familiares y la inédita ampliación de la cobertura de jubilados y pensionados.

b) Diálogo Social para establecer consensos en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de la protección social y de la política de ingresos mínimos para la inclusión.

No debe haber un modelo único; cada país debe instrumentar medidas acordes a las necesidades propias y con carácter secuencial.

Como prioridad, se debe atender la protección de los niños y ligarla a prestaciones de los sistemas de educación y de salud. Como casos relevantes cabe destacar los programas de transferencias condicionadas, tales como el “Bolsa Familia” de Brasil, el “Oportunidades” de México y la “Asignación Universal” de Argentina, como mecanismos apropiados en la generación de un piso mínimo de protección social. Deberán acompañarse del fortalecimiento de otras políticas de desarrollo/mejora de infraestructura en educación, salud y desarrollo social, colocando al trabajo como eje de las políticas públicas de inclusión.

La OIT ha respondido a la crisis con el Pacto Mundial del Empleo que propone crear este “piso mínimo de protección social” (PMPS).

En esta dirección, se deberán extender las prestaciones de la seguridad social (asociadas al empleo, seguro de desempleo, seguridad frente a accidentes) y establecer un zócalo/piso de protección social y de servicios públicos esenciales (salud, educación). A los sectores más vulnerables, se deberá asegurar: - Garantía de prestaciones a la niños. - Programas empleo intensivo, por ejemplo con obras públicas. - Pensiones básicas para adultos mayores.