El Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó a través de la Resolución 505/2013 las Pautas de Intervención Policial para casos de violencia en relaciones familiares. 

 

Se pretende instruir a las Fuerzas Policiales y a las Fuerzas de Seguridad que intervienen en esos casos "pautas generales y acciones apropiadas para responder a las características de la víctima, dadas por su edad, por vivir con algún tipo de discapacidad o en función de su género". 

 

Estas Pautas rigen el accionar de las Fuerzas dependientes del Ministerio "que tengan intervención directa en la atención, prevención o conjuración de casos de violencia doméstica o aquella descripta como intrafamiliar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires". 

 

"Sin embargo, las pautas de abordaje y las obligaciones que se desarrollan pretenden servir de insumo para fortalecer las respuestas que las instituciones deben dar en estos casos en las distintas jurisdicciones", afirma el documento. 

 

Las Pautas de Intervención Policial fueron producto de una mesa de trabajo con distintos organismos de la administración pública que abordan la temática, con el fin de analizar los criterios de intervención vigentes, a la luz de la normativa de protección de los derechos humanos.

 

En este sentido, colaboraron en la discusión con sus comentarios y aportes, representantes del Programa sobre Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, del Programa las Víctimas contra las Violencias, de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Consejo Nacional de las Mujeres, de la Defensoría General de la Nación y de la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Las Pautas "se desarrollarán sobre cinco tipos de intervenciones: en comisaría, en la vía pública, en el domicilio, por llamados a la línea 911, y en el seguimiento de medidas de protección dispuestas por la autoridad judicial competente". 

 

Entre los puntos más relevantes de estas Pautas se encuentra la obligación del funcionario policial de “separar al agresor y la víctima y entrevistarlas por separado", porque "las víctimas no pueden contar lo que les sucedió si están en presencia del agresor". 

 

Además, se recomienda no intentar que "las personas se reconcilien" y se recuerda que "la víctima puede encontrarse en estado de shock sin posibilidad de internalizar todos los recursos a disposición". 

 

Por último, en el contenido de las Pautas se afirma que "es necesario no generar complicidades con el agresor ni aceptar la identificación personal con el problema".