En el marco del debate por el proyecto de ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, participó hoy de la reunión plenaria de las comisiones Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales, y de Salud del Senado de la Nación.

“He tomado esta causa desde hace muchos años y sigue siendo por las mismas razones, primero porque como todo médico queremos que las cosas no sucedan, o sea, prevención y si suceden que tengan menores consecuencias”, sostuvo González García al iniciar su intervención ante los senadores.

Para el ministro, desde el punto de vista de la salud pública y la prevencion, el proyecto va a generar “un efecto inmediato sobre la mortalidad y morbilidad materna como consecuencia de abortos” porque “el aborto tal como está causa muerte y la penalización solo sirve para estigmatizar a las mujeres y para que recurran tarde a los sistemas de salud”.

El titular de la cartera sanitaria explicó que en la actualidad la práctica del aborto sucede “pero no sucede igual” por lo cual consideró que el proyecto introduce una perspectiva de justicia social, ya que “una mujer argentina que tiene educación y dinero está accediendo a una innovación tecnológica sustantiva que es la droga. Si tiene entre 6.800 y 10.000 pesos puede acceder al misoprostol y asesorarse por un médico, pero hay otro sector más vulnerable que no tiene el dinero, ni la educación, ni el entorno para eso y eso hace que recurran a medidas tremendas y los médicos sabemos lo que es cuando llega algo con estas características", manifestó.

En tanto, la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, sostuvo que “el Poder Ejecutivo envió dos proyectos que dialogan entre sí y son muy consistentes. El proyecto de los 1000 días que se vincula con la salud integral y cuidado de las mujeres durante su embarazo es un proyecto muy robusto que marca que el Estado quiere estar muy cerca de los proyectos de maternidad”.

La exposición de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se centró en el articulado del proyecto -del art. 13 al 17- relacionado con las modificaciones necesarias al Código Penal para adecuarlo a la normativa propuesta que “se encuadra en los derechos y las previsiones de la Constitución Nacional, los pactos internacionales de derechos humanos y es acorde a toda la jurisprudencia nacional y del sistema interamericano”.

Gómez Alcorta añadió que la propuesta del Ejecutivo “viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto” y hay sobradas evidencias que “la legalización disminuye la mortalidad materna, elimina los riesgos en la salud de las mujeres, disminuye los abortos y está demostrado que las prácticas de legalización evidencian que existe un circulo virtuoso en términos de mayor acceso a la información, mayor acceso a la anticoncepción y no implica una saturacion para el sistema de salud, sino un ahorrro en términos de costos para el propio Estado. Estamos convencidos que es una responsabilidad historica asegurar que en nuestro país no muera ninguna mujer más a causa de un aborto clandestino”, finalizó.