El acto, que se desarrolló en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), contó también con la presencia de Ana Franchi, presidenta del CONICET; y Alfredo Alfonso, rector de la UNQ.

“Luego de que el Presidente y el gabinete ampliado, allá por enero de 2020, recibieran la capacitación en el marco de la Ley Micaela, sucedió algo que no estaba en los planes de nadie y es que generó una demanda enorme, no sólo de distintos poderes del Estado, sino que desbordó el marco de la ley. Empezaron a llegar las demandas de los clubes de fútbol, de los sindicatos, de las empresas, de medios de comunicación. Y esto refleja una apropiación social y comunitaria de la norma que da cuenta de que estamos avanzando a paso firme”, sostuvo Gómez Alcorta durante el acto.

Por su parte, Filmus expresó que este “es un día de lucha para todas y todos, porque este es un tema que nos interpela y nos preocupa seamos del género que seamos”. En esa línea, agradeció al rector de la UNQ, por el trabajo conjunto, y felicitó a la presidenta del CONICET por su preocupación en temas de género, ya que este programa tendrá alcance regional. Además, destacó la labor que lleva adelante Elizabeth Gómez Alcorta al frente de su Ministerio: “Es fundamental y las y los científicos sociales tenemos mucho para decir de esto. Tenemos que ver cuáles son las investigaciones que podemos desarrollar para saber qué resortes tocar en la sociedad que permitan cambiar comportamientos y desarrollar políticas que cambien actitudes. No podemos descansar hasta tener una sociedad igualitaria que nos permita construir un futuro mejor para todos y todas”.

Ana Franchi, presidenta del CONICET, destacó las acciones que desde el 2018 se han realizado con la creación del Observatorio de Violencia Laboral y de Género lo que ha permitido institucionalizar dicha perspectiva como así también elaborar resoluciones para poder ir disminuyendo la violencia laboral y de género. Asimismo, afirmó que “las líneas de trabajo desde nuestra presidencia pretenden capacitar para fines del 2022 a la totalidad del personal directivo, autoridades, personal de recursos humanos, coordinadores y coordinadoras y a toda la estructura de los espacios de atención de violencia, alrededor de unas mil personas; además queremos adaptar la Ley de Identidad de género a los sistemas informáticos e implementar efectivamente el cupo trans-travesti que aún es una deuda en nuestro organismo”.

A su turno, Alfonso sostuvo que para la universidad pública y para la UNQ en particular, es un honor y un orgullo participar de la puesta en marcha de un dispositivo tan relevante para seguir fortaleciendo el compromiso con la erradicación contra las mujeres y disidencias. El curso estará disponible para todo el sistema de ciencia e innovación de la nación y su implementación será coordinada por el Centro de Políticas Públicas de Educación, Comunicación y Tecnologías digitales de la universidad.

El convenio contempla un curso virtual asincrónico de 8 horas de carácter obligatorio para todo el personal de la institución y un curso virtual de 22 horas distribuidas entre encuentros sincrónicos en plataformas de conferencias además de aulas de docentes, y propuestas de reflexión junto a lecturas asincrónica. Además, prevé un curso de capacitación virtual de 20 horas destinado tanto al equipo docente como a tutorxs de acompañamiento, un dispositivo de evaluación de proyectos y una capacitación sobre perspectivas de género en la investigación. Las actividades previstas incluyen, también, el diseño y producción de los cursos, el diseño y producción de los materiales didácticos con contenidos audiovisuales y multimediales, la capacitación de lxs tutorxs a cargo de la formación y un dispositivo que permitirá contar con evidencia para poder medir el impacto de la propuesta. Con este dispositivo se estima capacitar a unas 800 autoridades en el plazo de un año y, en total, a unos 27.500 agentes de la institución.

Las capacitaciones de la Ley Micaela buscan identificar las visiones y las prácticas que reproducen discriminación y violencia hacia las mujeres y LGBTI+ y ofrece herramientas teórico-prácticas para desarmar estereotipos y roles de género binarios y heterosexistas. Además, se busca constituir aportes para la transversalización de políticas y miradas de género y diversidad dentro de la Administración Pública Nacional, desde una perspectiva de los derechos humanos. En ese sentido, esta decisión busca prevenir las violencias por motivos de género y poder ejecutar un adecuado abordaje de dichas situaciones que puedan presentarse dentro del sistema de Ciencia y Tecnología.