Juicio oral para seis policías federales por secuestros, torturas y homicidios

La Unidad Fiscal de La Plata requirió la elevación a juicio de seis ex policías federales que participaron de un raid que, en pocas horas, acabó con la vida de tres personas y desapareció a otras tres.


 
La Unidad Fiscal de La Plata requirió la elevación a juicio de seis ex policías federales que participaron de un raid que, en pocas horas, acabó con la vida de tres personas y desapareció a otras tres. La trama se develó con el hallazgo del documento en el que el jefe del grupo pedía ascensos y felicitaciones para sus subordinados.
 
Los fiscales de La Plata Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández requirieron la elevación a juicio de seis ex policías federales que en octubre de 1977 protagonizaron un raid delictivo en distintos puntos de la capital bonaerense, que culminó con tres secuestros y otros tres homicidios. La investigación que llegará al debate oral fue iniciada por la Unidad Fiscal Federal de esa ciudad, que interviene en casos de terrorismo de Estado, en base a un informe hallado en legajos policiales, por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación. 
El documento que fue inmediatamente remitido a los fiscales platenses por instrucción de las autoridades ministeriales, da cuenta del pedido de "ascensos y felicitación para el personal de la delegación la Plata de la Policía Federal Argentina".
La Fiscalía platense inició así una investigación preliminar que le permitió corroborar los hechos que allí se narraban e identificar debidamente a cinco de las seis víctimas del raid terrorista de Estado. De esa forma, en marzo de 2013 los representantes del Ministerio Público solicitaron la detención y la indagatoria de los seis ex policías que irán a juicio y del único prófugo que tiene la causa, el subcomisario Emilio Alberto Rimoldi Fraga.
Los ex policías federales acusados en el requerimiento presentado este viernes ante el juez Federal Humberto Manuel Blanco son el ex comisario y ex jefe de la Delegación La Plata de la PFA, Martín Eduardo Zuñiga (82 años); el ex inspector Rafael Oscar Romero (64); el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz (69); el ex cabo Roberto Arturo Gigli (67), también ex integrante del Personal Civil de Inteligencia del Ejército, y los ex cabo 1° José Carlos Sánchez (64) y Jorge Alberto Blanco (67). La nómina se se completa con los efectivos Carlos Omar Gómez y Adalberto Abel Maciel, ya fallecidos.
El informe que revela los crímenes y que pide el ascenso para los policías fue suscripto por Zúñiga y encontrado en los legajos de los policías acusados. Fundaba los ascensos en la entonces vigente ley orgánica de esa policía, que preveía reconocimientos para quien "lleve a cabo actos de arrojo o de habilidad profesional, cuyas consecuencias sean de gran importancia moral o material, y, en general el que ejecute acciones encomiables dignas de premio a juicio de la superioridad".
Los ex uniformados están acusados por los homicidios de Adela Esther Fonrouge, Juan Oscar Cugura y de un hombre apodado “La Chancha”; la privación ilegal de la libertad, las lesiones graves y tormentos sufridos por Juan José Libralato; la privación ilegal de la libertad de Mauricio Emeraldo Mansilla y de Irma Guzman de Arteaga, y el robo de objetos en la casa de Mansilla.
 
El raid
 
Según se desprende de la documentación hallada en el Ministerio de Seguridad, en septiembre de 1977 la Policía Federal capturó en la Capital Federal al militante platense Juan Carlos Rodríguez, a quien individualizó inicialmente con los alias el "negro Carlos" o "Juanjo". El mismo expediente señala que era un joven de 26 años, militaba en la Juventud Universitaria Peronista y era integrante de la secretaría militar de la columna 27 de Montoneros.
La PFA logró su identificación gracias al aporte que le brindó su delegación de La Plata a través de los canales de inteligencia. Los policías platenses además le hicieron saber a sus pares porteños el “sumo interés en esta persona porque por él se podía llegar a la cabeza de la columna 27 de la B.D.S. MONTONEROS”. En la jerga represiva, B.D.S. es la abreviatura de banda de delincuentes subversivos.
En la medianoche del 11 de octubre, sigue el informe policial, una brigada de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal se constituyó en la delegación platense de la PFA. Los policías porteños llevaban consigo información sobre el domicilio de Rodríguez.
Desde la delegación, avisaron al Área Operacional de la Subzona 113 y al Destacamento de Inteligencia Militar 101, las dos dependencias castrenses que lideraban la represión ilegal en la zona, en una suerte de pedido de autorización para continuar con las operaciones en la ciudad.
Una comisión integrada por policías federales platenses y capitalinos fue a allanar ilegalmente el domicilio de Rodríguez y pudo determinar que a las 5:30 de ese mismo día la víctima iba a tener un encuentro con un compañero de alias "Tito", en la céntrica esquina de 7 y 43.
Juan José Libralato, "Tito", fue baleado por los efectivos y luego -eufemismo de la tortura- "hábilmente interrogado". Eso les permitió obtener su domicilio. La víctima fue secuestrada y trasladada "para su atención al égido (sic) de la Capital Federal", señala el documento. Libralato permanece desaparecido.
La comisión policial siguió por el domicilio de "Tito", en la calle 80 entre 31 y 32, adonde concretaron el homicidio de su esposa, Adela Esther Fonrouge. Un certificado de defunción indica que tuvo "destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego", pero el juez Blanco está convencido -a raíz del informe policial- que la víctima ingirió una pastilla de cianuro antes del disparo. En el procedimiento, los efectivos además requisaron completamente el domicilio y se llevaron "elementos" escondidos en una "biblioteca con doble fondo".
"En ese momento, quedó sin amparo en el lugar de los hechos la hija del matrimonio -de 6 meses-, hasta que fue auxiliada por los vecinos, quienes posteriormente se contactaron con los denunciantes -abuelos de la niña-, que a partir de entonces la tuvieron bajo su guarda", relataron los fiscales en su presentación.
La identificación de Libralato y Fonrouge fue realizada por la Unidad Fiscal durante la investigación preliminar, gracias al cruce de los datos del informe policial con las causas que tramitan en el Juicio por la Verdad, ante la Cámara Federal de La Plata, que se iniciaron tras su desaparición con los habeas corpus interpuestos por las familias de ambos.
El cuerpo de Fonrouge fue exhumado en 2004 de una tumba NN del cementerio de La Plata y luego identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El procedimiento fue realizado por orden de aquél tribunal. Hasta el año pasado, no se sabía quiénes y cómo intervinieron en el homicidio. Para la Fiscalía, no está claro en esta etapa cómo se produjo su muerte, si fue un suicidio por ingestión de cianuro o el homicidio mediante un disparo, pero los fiscales señalan en su presentación que "sea cual fuere la conclusión a la que se arribe en el debate, en ambas hipótesis se trata de un homicidio doloso en el que intervinieron los procesados". En ese sentido, Molina, Schapiro y Fernández recuerdan la doctrina que indica que "el hecho de que la decisión no haya sido libre convierte a la instigación al suicidio en autoría mediata, porque atribuye el dominio del hecho a quien genera el riesgo ex profeso".
Tras la irrupción en la casa de Libralato y Fonrouge, los policías federales continuaron la cacería a las 12.30 en la calle 64 entre 120 y 122, donde Rodríguez debía encontrarse con "Ceferino". La víctima, identificada también por la Unidad Fiscal con el cruce de la información con expedientes judiciales, era Juan Oscar Cugura, "responsable" de Rodríguez en la organización.
Su cuerpo también fue identificado por la Cámara Federal platense treinta años después gracias a la exhumación y el peritaje de ADN realizados por el EAAF.
La denuncia en 1977 de las muertes de Fonrouge y Cugura en el Registro Provincial de las Personas fue realizada más de un mes después de ocurridas por el fallecido policía federal Adalberto Abel Maciel, quien en su exposición dijo que se trataba de personas no identificadas. Eso permitió que las víctimas fueran inhumadas como NN y que permanecieran alrededor de tres décadas desaparecidas.
La comisión policial fue luego a un domicilio de 160 entre 48 y 49. Buscaban al "boliviano", un carpintero que -según habían averiguado- se dedicaba a la confección de "embutes" o "berretines" y que pertenecía a Montoneros.
Allí, secuestraron a su pareja, Irma Guzmán de Arteaga, y la condujeron a la Capital Federal, según dejaron constancia en el informe con los pedidos de ascenso. La mujer permanece desaparecida.
Dos días más tarde, con información recabada en los procedimientos del 11 de octubre, los policías montaron a las 8:00 “un operativo de cerco de similares características al efectuado con el D.S. ‘Ceferino’” en el entonces Estado Provincial, situado en 32 y 23. Las siglas D.S., utilizadas en el informe policial, significan "delincuente subversivo".
Los policías sabían que allí Libralato debía reunirse con su "responsable", segundo de "Ceferino", a quien identificaron como "Jorge" o "La Chancha". Informaron que durante el operativo el hombre cayó al suelo herido: "al acercarse el personal policial, se establece que se encuentra aun con vida, perdiendo abundante sangre de la cabeza con pérdida de masa encefálica. Inmediatamente se procede al traslado al Hospital Naval de ésta ciudad a fin de poder salvar su vida pero el D.S. deja de existir en el trayecto”.
El policía Maciel también estuvo encargado de denunciar esa muerte en el Registro de las Personas. Si bien la Cámara Federal platense exhumó los restos de una persona que se podría corresponder con la víctima, hasta hoy los análisis de ADN no han coincidido con los de las familias que brindaron sus muestras de sangre para la individualización de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado.
El último de los episodios del raid incluyó a una víctima que pudo sobrevivir. En la noche del 13 de octubre, a las 20:45, los policías irrumpieron en una casa situada en 4 bis y 515 de la localidad platense de Ringuelet. Mauricio Emeraldo Mansilla se sentaba a cenar junto a su familia cuando la banda de civil se metió en su casa, revisó todo, robó diferentes objetos, se comió la cena y se llevó a Mansilla. El hombre fue entregado a los militares del Área Operacional 113, cuya jefatura estaba en el Regimiento 7 de Infantería.
Días después, Zúñiga fue el encargado de contestar desde la Policía Federal el habeas corpus interpuesto por la familia del secuestrado al entonces juez federal y militar, Héctor de la Serna. "No se encuentra detenido en Dependencias de esta Policía Federal Argentina”, contestó. En rigor, era cierto. Para entonces, Mansilla se encontraba en el centro clandestino La Cacha, que funcionaba en un galpón lindero a la cárcel de Olmos, en las viejas instalaciones de la antena de Radio Provincia.
 
FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO FISCAL