Este documento presenta en forma esquemática el modelo que el Ministerio de Seguridad de la República Argentina ha elaborado y comenzado a implementar desde su creación en diciembre de 2010, para garantizar, en tanto deber indelegable del Estado, el derecho a la seguridad ciudadana en un marco de plena vigencia del sistema democrático y republicano, y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

 

En la gestación de este modelo han participado una gran diversidad de actores locales. También se ha prestado particular atención a la experiencia internacional acumulada en la materia por países de la región y el mundo que transitaron por procesos de consolidación democrática similares al nuestro, dejando enseñanzas de las que mucho se pudo y aún puede aprenderse. Con esta finalidad, y con la asistencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se organizó el ciclo de talleres y mesas redondas “Desafíos para el Planeamiento Estratégico de la Seguridad Ciudadana”, que convocó a referentes gubernamentales, académicos y de la sociedad civil de América, Europa y Oceanía.

 

El desarrollo del modelo estuvo orientado por la decisión de la Presidenta de la Nación de llevar adelante una política pública integral en materia de seguridad en la que los ejes de trabajo fueran expresión cabal de la decisión de consolidar el gobierno y la conducción política de las fuerzas de seguridad.

 

El modelo recoge las premisas subyacentes a los consensos y compromisos asumidos por nuestro país en lo que a seguridad pública se refiere, abarcando una extensa lista de tratados suscriptos y posturas políticas de larga data sostenidas en los foros multilaterales especializados tanto a nivel regional como internacional.

 

Un buen marco que reúne gran parte de las experiencias y debates en el campo de la seguridad democrática está dado por el "Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos" (2009) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condensa el alcance de las responsabilidades del Estado a la luz del marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, fijando así lineamientos ineludibles para nuestro país.

 

 

 

El rumbo escogido también se inspira en las ideas del Acuerdo por la Seguridad Democrática, espacio de integración multisectorial y pluripartidario que estableció en un documento fundante diez puntos básicos para el desarrollo de un gobierno democrático de la seguridad.

 

Dicho documento reconoce como guía el aludido informe de la CIDH y prioriza:

 

1. el desarrollo de una institucionalidad ministerial que dé lugar a la efectiva conducción civil de la seguridad ciudadana, junto con un expreso control de los asuntos internos, carrera y procesos de evaluación y ascenso;

 

2. un proceso de desarrollo de políticas confiables en materia de producción y acceso a la información en materia criminal;

 

3. la ampliación de la agenda del sector mediante el cambio paradigmático desde la concepción meramente policial de la seguridad hacia una mirada integradora sobre la multicausalidad de la fenomenología de la violencia y el delito y la multiagencialidad de las respuestas;

 

4. un reconocimiento protagónico a la participación comunitaria;

 

5. otros puntos que completan el concierto de diez aspectos allí condensados involucran más protagónicamente otras instancias de gobierno tales como los referidos a las reformas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, reconocimiento de derechos de víctimas y reformas judiciales;

 

Ningún cambio estructural en políticas de Estado puede afianzarse con la voluntad exclusiva de las autoridades gubernamentales. La consolidación de estas transformaciones requiere la confluencia de una base social amplia que las legitime y haga duraderas en el tiempo. Necesita de agentes públicos de distintos niveles y áreas del Estado, organizaciones sociales y el sector privado, que concurran al desafío con la determinación y la capacidad para ejecutarlas y sostenerlas. El compromiso del Ministerio de Seguridad de la Nación es facilitar los ámbitos para que esa base pueda vehiculizar sus inquietudes y necesidades, participe activamente y con ello fortalezca al Sistema de Seguridad, ejerciendo además su natural función de contralor.