En la Conferencia Mundial de la Coalición contra el tráfico de Mujeres celebrada en Dhaka (Bangladesh) en enero de 1999 se eligió el 23 de Septiembre de cada año, como "Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños", en homenaje a la sanción en la Argentina de la ley Nº 9143 del año 1913, conocida por el nombre de “Ley Palacios”, y de la cual se cumplen 100 años desde su promulgación.

 

A su vez, este año se conmemoran 150 años desde la Celebración de la Asamblea General Constituyente de 1813, instrumento mediante el cual se introdujo por primera vez en nuestro territorio la prohibición de la esclavitud.

 

Este doble aniversario exhibe una verdadera preocupación de un Estado que desde sus orígenes ha combatido la mercantilización de las personas en todas sus formas como un hecho aberrante para la vigencia de un estado democrático de derecho. Para comprobarlo sólo basta comparar los motivos que llevaron a sancionar la Ley de 9143 con aquellos que llevaron a introducir, hace poco tiempo las Leyes  26.364 y 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

 

Esto se complementa con los diversos compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en la materia, entre los que podemos nombrar el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, al que se adhirió en el año 1957, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y su Protocolo Complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (más conocido como Protocolo de Palermo).

 

Desde ya que ello forma parte de un trabajo que será siempre inconcluso mientras sigan existiendo personas sometidas a una situación de trata, verdadera forma moderna de esclavitud que continúa sometiendo a personas en todo el mundo a través de redes que traspasan las fronteras nacionales; pero frente a las cuales se opone desde el Estado Nacional (y en particular, aunque no solamente, desde el ámbito de la seguridad pública) políticas concretas y sostenidas a los fines de prevenir, conjurar y sancionar este delito.

 

Prueba de ello son las distintas medidas que ha tomado el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre los que se pueden enumerar la articulación llevada adelante mediante convenios específicos con otros órganos estatales, el desarrollo de herramientas específicas para la persecución de este delito como el SISTRATA (una base de datos que contiene de forma sistematizada el conjunto de las tareas realizadas por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales), la reciente creación de la Coordinación de Articulación Institucional en Materia de Trata de Personas, como actor para llevar adelante las políticas públicas de seguridad en la materia. 

 

A ello se agregan las más de 4300 víctimas rescatadas por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en más de 1700 allanamientos desde el año 2011; y las más de 1100 denuncias en materia de trata y delitos conexos que han sido judicializadas por este Ministerio a raíz de denuncias recibidas a través de la línea 0-800-555-5065 y la línea 145 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

 

Valga entonces la conmemoración para ratificar el compromiso del Ministerio de Seguridad en el combate de este delito, convencidos de que resulta imprescindible para garantizar la vigencia de un estado cada día más democrático e inclusivo.