El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, inauguraron hoy el Complejo Penitenciario Federal VI en Luján de Cuyo.

La nueva unidad carcelaria contará con 1.072 plazas, de las cuales esta mañana quedaron habilitadas 250, y está destinada a procesados y condenados por la Justicia Federal local que actualmente están alojados en cárceles de la provincia. También albergará a internos provinciales considerados de alto riesgo.

El titular de la cartera explicó que “teníamos el deber y la obligación de poner en marcha este complejo, y lo hemos logrado en tiempo record y con altísimos niveles de calidad".

Garavano subrayó además que "estamos llevando adelante una política penitenciaria que no solo contempla las cuestiones edilicias, sino también busca la rehabilitación de las personas alojadas y trabaja para que los internos salgan definitivamente del camino delictivo”.

En los 34.000 metros cuadrados de superficie del predio confluyen el Instituto Penitenciario Federal de Cuyo para varones, el Instituto Correccional de Cuyo para mujeres y el Instituto Abierto. Alberga asimismo sectores destinados a la educación y al trabajo, con zonas diferenciadas para procesados y condenados.

La obra tiene lugar en el marco del traslado del centro urbano de la Unidad 9 de Neuquén y del próximo traspaso de la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz.

Otras actividades

Tras esa inauguración, y junto a Jorge Nanclares, José Valerio y Daniel Erbetta, ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y de Santa Fe, el ministro Garavano participó del Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales.

Ya por la tarde, con el ministro Nanclares y el vicepresidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la CABA, José Rojas, el titular de la cartera participó en la apertura del Encuentro Nacional Reforma de la Justicia Civil en Argentina: oralidad y gestión.

En ese orden Garavano precisó que “el objetivo de las reformas e iniciativas que proponemos para la justicia civil es lograr un poder judicial independiente, que impulse una base sólida y previsible para brindar un buen servicio de justicia y recomponer el vínculo con la gente”.

La oralidad en los procesos civiles y comerciales es una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que está siendo aplicada actualmente por 289 jueces. Desde su implementación, hace dos años, se resolvieron cerca de 6.000 procesos de conocimiento, la mitad de ellos a través de medios alternativos de resolución de conflictos.

Casi el 70% del total de los casos se resolvió en menos de dos años. Los resultados de la iniciativa reflejan que el 91% de los usuarios que participaron en procesos de oralidad manifestaron su satisfacción respecto a la duración del proceso y el 97% indicó que comprendió lo que sucedió en la audiencia.