El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, inauguró hoy un nuevo centro de monitoreo de tobilleras electrónicas de alcance nacional, destinado a vigilar la ubicación de personas que cuentan con arresto domiciliario u otras modalidades de detención.

Los dispositivos de control ambulatorio poseen un geolocalizador que transmite la ubicación del detenido durante las 24 horas, los 365 días del año. Cualquier irregularidad es comunicada inmediatamente a la Justicia.

Las instalaciones habilitadas por Garavano funcionan en la sede Costanera Sur de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, con un equipo de 35 psicólogos y trabajadores sociales abocados a la integración social de los detenidos. Además lo integran 12 operadores, un departamento jurídico y otro especializado en estadísticas e informes.

“El programa tiene dos ejes: el de los detenidos con prisión domiciliaria y el de la violencia de género. El Estado nacional le está dando a las provincias esta herramienta de avanzada que funciona muy bien en otros países. Hoy con 350 dispositivos activos en todo el país podemos proteger a las mujeres, que es uno de los grandes desafíos que tiene la Justicia y el Gobierno”, destacó Garavano.

El protocolo establece la prioridad para la asignación de las tobilleras, y define como población vulnerable a las mujeres embarazadas, a las madres de niños menores de cinco años, a los enfermos en periodo terminal o cuando el encierro carcelario les impida recuperarse, a personas con discapacidad, a los mayores de 70 años y a aquellos que sean considerados de baja peligrosidad.

Las 44 tobilleras entregadas en junio de 2015 y las 1.200 que existentes actualmente revela que se incrementó un 1821% la cantidad de dispositivos en uso como medidas alternativas a la prisión.

Los instrumentos utilizados son de última tecnología y aseguran el cumplimiento de medidas dispuestas en los procesos judiciales.

“Este es un trabajo conjunto con el Poder Judicial para evitar el impacto negativo del encierro y mejorar el sistema de justicia”, señaló por su parte Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios.

La aplicación de esta medida, alternativa a la pena, contribuye a enfrentar el aumento sostenido de la tasa de encarcelamientos en las cárceles federales.

Desde el inicio de la gestión se ha trabajado en forma sostenida para remediar este aumento, implementando la creación de nuevas plazas, la inauguración del complejo Penitenciario de Lujan de Cuyo, nuevas plazas en Marcos Paz, los traslados de las unidades de Devoto y Neuquén, las obras de Agote y Coronda, entre otras medidas.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia también tiene a su cargo la supervisión de los dispositivos duales para víctimas de violencia de género. Los equipos se componen de dos unidades de rastreo, uno para la víctima y otro para el agresor.

En este caso, el sistema monitorea la ubicación y fija zonas de exclusión o de peligro como el domicilio o lugar de trabajo de la víctima, el colegio de los hijos, entre otras. Ante una eventual violación del perímetro se emite una alerta, dicho incumplimiento tiene valor probatorio en la causa judicial.

El Ministerio, a través de la firma de convenios de colaboración, ya cedió 600 dispositivos de vigilancia electrónica a las provincias para que los implementen con los poderes judiciales locales.

Acompañaron la inauguración los jueces Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Daniel Petrone, Sebastián Casanello, Carlos Mahiques, Eduardo Ricci, Jimena Monsalve, Vilma Bisceglia, José Michilini, Ana María Martínez y Ricardo Basílico; representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de la Comisión de Cárceles, de la Defensoría General de la Nación y de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal del Ministerio Público de la Defensa. También estuvo presente Fabiana Tuñez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez.