Como parte del cambio de paradigma en relación con las políticas públicas de seguridad, la ministra Sabina Frederic, dispuso hoy la revocación de la Resolución 1149/2017, sancionada durante la gestión anterior, cuyo texto fue considerado violatorio de la normativa local y de tratados internacionales suscriptos por el país.

En relación con la nueva Resolución, Frederic afirmó: “Esta resolución es principalmente una deuda con un grupo importante de personas valientes que necesitan el reconocimiento del Estado. Trabajamos mucho en la tarea de tener la voz de aquellos a quienes el Estado debe garantizarle sus derechos”.

La ministra sostuvo que “teníamos una Resolución de vanguardia del año 2011, trabajada bajo la gestión pionera de Nilda Garré, que reconoció la identidad autopercibida de género antes de la ley [de identidad de género, 26.743] de 2012”. Luego agregó que “los cuatro años que pasaron fueron muy duros, sobre todo para sectores de la población segregados, discriminados y humillados. Por eso, ahora queremos tener la mejor Resolución, los mejores protocolos tanto para el trato dentro de las fuerzas de seguridad como para el trato de las fuerzas hacia la población. Es importante poder celebrar que tenemos un protocolo que se ajusta a derecho y al reconocimiento de las identidades”.

En 2017, la conducción del Ministerio de Seguridad había derogado la Resolución 1181/2011 que garantizaba el derecho a la identidad de género para el personal de las Fuerzas de Seguridad y de todas las personas que tuvieran relación con éstas. Aquella Resolución, entre varios derechos, garantizaba la adecuación de trato de acuerdo a la identidad autopercibida, el respeto al nombre de pila adoptado y el uso de las instalaciones de acuerdo a la identidad de género. Esa Resolución antecedió a la sanción de la Ley de Identidad de Género, modelo a nivel internacional en materia de Derechos Humanos y de respuesta del Estado a las demandas del movimiento social LGBTI+.

En cambio, la Resolución 1149/2017 que hoy derogó Frederic habilitaba la discriminación contra las personas LGBTI+, pues permitía el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad contra grupos históricamente vulnerabilizados y estigmatizados debido a su identidad de género.

Al respecto, la subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género, Sabrina Calandrón, destacó “la urgencia que teníamos en la revocación del protocolo existente. Este es un inicio, una primera mesa de un trabajo que comienza ahora y que esperamos que dé frutos de cara a una mayor inclusión y respeto de los derechos de las personas en nuestro país”.

La coordinadora de Políticas de Género y No Discriminación, Carolina Justo, describió el proceso de redacción de la Resolución que revoca la 1149/17 y restituye el protocolo dispuesto por la 1181/11: “Quisimos armar una primera propuesta que recuperara la memoria institucional y política de lo que fue la Resolución del 2011 y que habilitara las transformaciones necesarias en un contexto como el actual. Esa propuesta fue girada a las organizaciones que están hoy aquí y a otros organismos del Estado. Tuvimos un trabajo de diálogo con aportes y modificaciones que querían incorporar las organizaciones. Ese diálogo está reflejado en el texto final de la Resolución”.

La decisión de la ministra de Seguridad fue presentada en una reunión en la cual participaron representantes de las organizaciones LGBTI+. Además asistieron el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; la subsecretaria de programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa; el subsecretario de Control y Transparencia Institucional, Esteban Rosa Alves; la directora de Violencia Institucional, Natalia D’Alessandro; la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Alba Rueda; y la directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, Ornella Infante.