“Tanto a la Comisión como a nosotros nos parecía oportuno desarrollar un análisis profundo de las consecuencias, los efectos y la eficacia de esta Ley, luego de 30 años de haber sido sancionada”, afirmó Frederic en la apertura, y agregó: “Desde el Ministerio entendemos que esta reunión es parte de un proceso de análisis sobre la normativa que nos rige y sobre todo una que es tan importante para la seguridad de todo el territorio y la población nacional. Se trata de una oportunidad de dar un debate al margen de los periodos electorales, pensando sobre todo en el bien común”.

En esa misma línea se expresó el senador nacional Dalmacio Mera, presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara Alta, quien destacó la importancia de “someter a un análisis crítico” la Ley 23.737: “han ocurrido algunos hechos relevantes en el medio”. Luego, Mera comentó el trabajo que viene desarrollando la Comisión que preside en relación con esta temática: “Convocamos a jueces, fiscales y al Ministerio Público de la Defensa para tener una opinión sobre cómo se estaba aplicando la Ley y cuán eficiente había sido en estos años. Además de ello y de los aportes del Ministerio de Seguridad, también avanzamos en obtener información del sistema carcelario -tanto federal como provincial-, ya que es un componente que tenemos que abordar con madurez. Debemos procurar una solución para una realidad compleja, pero que pasados 30 años no podemos dejar de encararla”.

Antes de dar uso de la palabra a las y los representantes de los organismos provinciales vinculados con la seguridad, la ministra Frederic, acompañada por el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, y por la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa, presentó un informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), basado en todas las denuncias e intervenciones realizadas por las policías de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las cuatro fuerzas federales dependientes de esta cartera.

“Existió un gran crecimiento de las denuncias vinculadas a estos hechos en virtud del crecimiento exponencial de las tenencias. La tenencia simple para uso personal ha tenido, entre 2018 y 2019, un crecimiento del 84%. Dentro del total de intervenciones en 2019, se puede afirmar que al menos el 66% de las mismas estuvieron ligadas a tenencias, ya sea simples como atenuadas para uso personal o para consumo”, detalló la directora nacional de Estadística Criminal, Ángela Oyhandy.

A su turno, las y los encargados de los diferentes Ministerios y Secretarías de Seguridad de las provincias hicieron un balance sobre cómo es la implementación de la Ley de Estupefacientes en cada distrito y qué tipo de resultados ha dado la misma. Allí se expresó una coincidencia generalizada sobre la necesaria revisión de la norma y, a la vez, subrayaron la importancia de mantener y profundizar el trabajo conjunto entre las policías provinciales y las Fuerzas Federales de Seguridad para enfrentar al narcotráfico. También, hicieron especial hincapié en avanzar contra la oferta y abarcar la demanda desde una perspectiva de salud pública.

Tras las exposiciones, se abrió un espacio en el cual participaron los senadores Pedro Braillard Poccard, Carlos Caserio, Mario Fiad y Víctor Zimmermann.

En el cierre de la reunión Frederic agradeció la participación y concluyó: “Nuestra responsabilidad nos lleva a ser parte de esta iniciativa. Tanto las experiencias recogidas hoy como la información disponible permiten hacer un análisis y una evaluación que servirán para el debate. Quiero subrayar que es fundamental que el abordaje sea integral, que fijemos los objetivos que nos proponemos como políticas de Estado en relación con el tráfico ilegal de estupefacientes y que haya, además, una política sanitaria de prevención de las adicciones que pueda atender a un problema que tiene diversas dimensiones. Este trabajo requiere de muchos instrumentos y su objetivo es proteger a toda la población”.