Parte de los objetivos de la conformación de este Comité están vinculados con establecer las instancias de control de la disciplina de cada una de las Fuerzas aportando doctrinas y estándares de ética profesional policial para su empleo en el juzgamiento administrativo del personal.

Además de conformar un espacio de análisis para el debate ético en el campo de la seguridad pública, entre las funciones principales del Comité están las de elaborar y proponer la aprobación de un Código de Ética Profesional Policial; emitir dictámenes en base al análisis de casos que involucren conductas y/o actuaciones del personal de las Fuerzas que a priori constituyan faltas profesionales graves; y supervisar, en la aplicación de los regímenes disciplinarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, el empleo de las doctrinas y estándares que configuran la ética profesional policial.

Entendiendo que el establecimiento de un Comité de estas características resulta un recurso fundamental en el marco de las políticas impulsadas por Frederic desde el inicio de su gestión, tendientes a lograr transparencia, legalidad, y profesionalismo en el accionar de las y los efectivos policiales dentro de los parámetros de una seguridad anclada en un Estado democrático y social de derecho, también se concibe el rol de este órgano como inseparable de las acciones de formación, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento y las de mejora del bienestar en las condiciones de trabajo que se vienen llevando adelante desde diciembre del 2019.

El Comité estará formado por funcionarias y funcionarios de las áreas de este Ministerio con injerencia en la materia y por representantes de cada una de las cuatro Fuerzas Federales (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria). Cabe destacar que se constituirá un Consejo Consultivo de Ética Profesional Policial que estará integrado por representantes de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y entidades académicas especializadas en temáticas vinculadas con la seguridad pública y ciudadana, la prevención de la corrupción estatal, los derechos humanos y la violencia institucional, entre otras.

Es importante considerar que, entre otras medidas de similares características, la ministra Sabina Frederic reformuló, mediante Resolución 377/20 de octubre del año pasado, los alcances del “Programa Sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego”, con la intención de promover rutinas de trabajo y principios relativos al uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego respetuosos de los derechos humanos y acordes a los principios internacionales vigentes, así como de las directivas y políticas emanadas por este Organismo. Antes de ayer, precisamente, se hizo la presentación del mencionado Programa en un encuentro con los organismos de protección y promoción de los derechos humanos.

La Resolución 374/2021 publicada en el Boletín Oficial de hoy se puede leer en:

Ver Resolución 374/2021