Ambas iniciativas tienen como objeto promover herramientas y generar nuevos canales de cooperación para enfrentar de manera coordinada y eficaz la prevención y el combate de LA/ FT.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, fue el encargado, junto a Celia Arena, ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Juan Carlos Otero y Sebastián Negri -presidentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) respectivamente- de dar la bienvenida a los más de 70 representantes de gobiernos locales convocados a la Jornada de capacitación “Herramientas para los gobiernos locales en la prevención y detección del lavado de activos”.

“Estar hoy aquí, frente a ustedes, es un paso muy importante para el propósito común que tenemos desde el gobierno nacional con el gobierno provincial de Santa Fe para luchar contra estos delitos de una manera cada vez más eficaz”, destacó Otero. Y añadió: “por eso es clave que cada una y cada uno desde su rol asuma el compromiso firme y necesario para hacer frente a estos delitos”.

“En esa línea”, ratificó Negri, “ nuestra tarea es implementar la decisión política de los Gobiernos nacional y provincial de hacer frente al crimen organizado y la actividad delictiva que pueda tener como consecuencia el lavado de dinero en el sector bajo nuestra regulación, de manera coordinada con la UIF, los demás organismos reguladores y las autoridades de cada jurisdicción”.

Por su parte, Perotti agradeció “el compromiso de asumir una responsabilidad frente a la situación que queremos, entre todos, enfrentar y superar”. Además subrayó que si bien los delitos federales tienen jurisdicción y necesidad de actuación puntual de las organizaciones federales, “es en las comunidades, incluso en las más pequeñas, como surgieron en nuestra historia santafesina, donde siempre hubo un control social, y ese control social no puede ceder”.

La ministra Arena advirtió que “la coyuntura, conocida por todos y todas, nos exige tener una mirada más aguda sobre los delitos económicos complejos. Cada vez más sofisticados, cada vez más avanzados, que requieren que nuestras herramientas y nuestras estrategias sean también cada vez más acabadas”.

Con ese fin, los disertantes acercaron conceptos y herramientas básicas acerca de qué es y cómo se concreta el delito del lavado de activos, cómo se vincula el narcotráfico y cuál es la misión que los distintos niveles gubernamentales tienen en la lucha frente a estos delitos.

Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de UIF, explicó cuál es el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) y detalló los resultados de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, y Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENRS LA/ FT/FP) y Estrategia Nacional.

En tanto, Demian Aisicovich, coordinador de la Delegación UIF Regional Central, se explayó sobre la función de las agencias regionales mientras que Luciana Trincheri, integrante del Consejo Asesor de UIF, se refirió a la colaboración de gobiernos locales en el Sistema PLAFT.

Horas más tarde, el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, firmó con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Dr. Hernán Botta el acuerdo de cooperación que crea la Diplomatura en prevención del lavado de activos. La propuesta académica brindará formación orientada a lograr mejores prácticas para interpretar, cumplir y controlar el cumplimento de las normativas de prevención y represión del Lavado de Activos por parte de todos los actores involucrados en el sistema PLAFT.

La Diplomatura permitirá obtener conocimientos legales y reglamentarios, además de incorporar herramientas para mitigar los riesgos operativos de las actividades que los participantes llevan adelante. De esta manera, se capacitará a profesionales, no profesionales e idóneos en la materia a fin de incrementar los controles necesarios de manera tal de cumplir con los procedimientos requeridos por la UIF, detectar las tipologías del delito y orientar su actuación a la adopción de medidas legales adecuadas para su reducción.