Fondos secretos: cómo se financió el aparato ilegal de inteligencia durante la dictadura

La Secretaría de Derechos Humanos entregó a juzgados federales y a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad una investigación que reconstruye un mecanismo utilizado para sostener económicamente a los grupos de tareas en todo el país durante la dictadura cívico-militar.


Una investigación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comenzó a develar cómo la última dictadura cívico-militar financió la represión ilegal en todo el país. La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos siguió los rastros que dejó la burocracia del terrorismo de Estado y logró reconstruir un sistema de “fondos secretos” utilizados para hacer funcionar la maquinaria de inteligencia.

Los hallazgos fueron volcados en el informe Los “fondos secretos” de los servicios de inteligencia durante la última dictadura, que fue entregado en juzgados federales y en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad como aporte en causas por delitos de lesa humanidad.

Allí se logró dar cuenta de un mecanismo formal por el cual la dictadura destinó fondos reservados al Batallón de Inteligencia 601 y a Destacamentos de Inteligencia del país, y el sistema que implementó para fiscalizarlos, con inspecciones periódicas de la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército.

Durante el terrorismo de Estado, el Ejército utilizó su amplia red de destacamentos para reunir información, planificar y ejecutar los secuestros y asesinatos a través de los grupos de tareas. En el centro de esa red estaba el Batallón 601.

Para hacer funcionar esa estructura, se realizaban transferencias mensuales a requerimiento de cada destino que provenían de la Cuenta Especial 764 del Comando en Jefe del Ejército, cuyo financiamiento se garantizaba en el presupuesto nacional y su uso era coordinado directamente por la Jefatura II de Inteligencia.

Para su utilización, la dictadura estableció una serie de reglas denominadas “Normas para el empleo de los fondos de carácter secreto que se asignen para operaciones antisubversivas”, que fueron publicadas en el Boletín Reservado del Ejército en 1976.

Allí se estableció que se debía justificar cada gasto y se debían presentar los comprobantes, donde solo podía figurar que se trataba de “gastos específicamente secretos”, sin consignar el destino real. La descripción sobre cómo y para qué se utilizó el dinero debía figurar en un duplicado del comprobante que se ponía a resguardo.

No se encontraron rastros de estos documentos, que eran incinerados un año después de su confección, pero la propia norma señalaba dos ejemplos sobre cómo completarlo: “por alquiler de 3 vehículos para el traslado de personal encubierto” o “por pago a un informante”.

Los investigadores sí encontraron los registros de los controles periódicamente realizados por la Jefatura de Inteligencia del Ejército, así como un informe que calificó como “sobresaliente” al jefe de un destacamento de Inteligencia por su gestión de estos fondos. También figura en la investigación una “orden de pago por bonificación complementaria” a un integrante del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 por el cumplimiento de “actividad riesgosa – tarea especial”.

El informe se suma a otras investigaciones realizadas por el ex Programa Verdad y Justicia sobre el rol de la inteligencia militar durante el terrorismo de Estado: el Batallón de Inteligencia 601, su Central de Reunión y sus Grupos de Tareas y cada uno de los Destacamentos de Inteligencia (y sus Secciones) en las distintas zonas militares que dividían el país entre 1975 y 1983. Todos fueron entregados a la justicia federal para contribuir en la investigación de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.