El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la secretaria de Seguridad Social, Ofelia Cédola, junto al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, encabezaron en el día de ayer el acto de firma del Convenio de Corresponsabilidad Gremial para la actividad frutihortícola que suscribieron representantes de cámaras, asociaciones y sindicatos de ese sector.

Los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, regulados por la Ley N°26.377, tienen por objeto facilitar la registración de los trabajadores rurales, permitiendo su acceso a los subsistemas de la seguridad social tales como obra social, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, cobertura por Riesgos del Trabajo y seguro por desempleo, para ellos y sus familias. Los mismos son el resultado de la participación activa de las entidades gremiales y de productores con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Social, y permiten reemplazar el pago mensual de aportes y contribuciones por una tarifa sustitutiva adecuada a cada ciclo productivo.

Este convenio fue suscripto en dos partes, una regirá para la actividad de cosecha y empaque rural de uva en fresco y uva pasa, y otra para la de frutas de carozo, hortalizas y semillas de la provincia de San Juan, alcanzando las 27 mil hectáreas productivas y a más de 15 mil trabajadores que son empleados mayormente de manera informal. Su rúbrica llega tras un proceso de negociaciones y búsquedas de consensos en el marco del diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y el Estado que, desde el año 2003, ha dado enormes resultados en materia de derechos laborales e inclusión social.

Como es de público conocimiento el sector rural mantiene aún altos niveles de trabajo no registrado. Esta situación pone al conjunto de los trabajadores rurales en situaciones de alta vulnerabilidad. Los Convenios de Corresponsabilidad Gremial permiten el abordaje de este colectivo de trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo y por ende su calidad de vida.

Luego de esta firma el Convenio deberá pasar a la Secretaría de Seguridad Social, autoridad de aplicación de esta política, para su homologación y posterior entrada en vigencia.