Durante años, la empresa fue concebida como un agente económico cuya finalidad consistía en la creación de beneficios económicos para sus accionistas. Bajo esta perspectiva, las empresas, y más precisamente, los consejos de administración, tomaban sus decisiones a partir de criterios netamente financieros, es decir, considerando aspectos como la liquidez, el riesgo y la rentabilidad de los proyectos. Sin embargo, esta concepción ha mutado a lo largo del tiempo a partir del quiebre de determinados paradigmas corporativos. El surgimiento del concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) permitió repensar el impacto que las empresas poseen en la sociedad y en el ambiente. En términos generales, puede definirse a la RSE como “(…) la visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente”.

Bajo el manto de la RSE, las empresas comenzaron a realizar actividades de naturaleza filantrópicas, mediante aportes a la sociedad, a través de donaciones u otros mecanismos que les permitían
generar algún impacto positivo en la comunidad. Sin embargo, en este enfoque, la RSE era considerada como un elemento adicional al objetivo de la empresa, el cual continuaba siendo la obtención
de ganancias para sus accionistas, priorizando la máxima rentabilidad. El avance de la RSE en el mundo corporativo permitió que muchas empresas dieran un paso más, dejando de lado las donaciones y empezando a considerar en sus proyectos y actividades a sus partes interesadas (stakeholders). De esta manera, se incorporó una visión de inversión de mediano y largo plazo, en donde se tenían en cuenta, entre otros, a la comunidad, al gobierno, a los empleados, a los proveedores y clientes y al medioambiente.

No obstante, la creciente preocupación por las consecuencias que las actividades humanas generaban en la sociedad y en el medioambiente fue consagrada por un acontecimiento histórico que sentó las bases del desarrollo sostenible -es decir, la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer las
propias-, y de un nuevo sistema económico en donde todos los actores poseen una visión a largo plazo, considerando, además, los aspectos ambientales y sociales.

Este acontecimiento fue el lanzamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un plan de acción compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas que integran las esferas económica, social y ambiental. Los ODS proporcionan un marco común para que los sectores público y privado establezcan sus agendas y definan sus políticas y estrategias durante los próximos 15 años, movilizando los medios de los más vulnerables.

En el mismo año, la ONU promovió la firma del Acuerdo de París con el fin de reducir las emisiones de gas de carbono y el calentamiento global muy por debajo de 2°C. El mismo exige a los Estados partes que hagan todo lo que esté a su alcance por medio de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) e informen periódicamente sobre sus emisiones y sus esfuerzos de aplicación.

Estos hechos universales permitieron que comience a desarrollarse el modelo de las Finanzas Corporativas Sostenibles (FCS), mediante el cual se pretende que el objetivo de la empresa deje
ser exclusivamente económico, para ampliarse a objetivos ambientales y sociales. Bajo esta nueva ideología, las empresas se vieron obligadas a modificar sus patrones de comportamiento para cumplir con un triple objetivo: el económico, al ser cada vez más competitivas y, al mismo tiempo, el social y el ambiental, al respetar y considerar los derechos de las personas y de los recursos limitados del planeta. De ahora en más, las acciones de las empresas no pueden abstraerse del entorno en el que funcionan, ni ignorar el impacto que tienen sobre el medio ambiente, los stakeholders y la comunidad en general, ya que, de lo contrario, perderían competitividad.

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