El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín escuchó hoy a una decena de víctimas que expresaron su rechazo al pedido de libertad condicional del genocida Santiago Omar Riveros, quien tiene múltiples condenas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

A través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobrevivientes y familiares solicitaron al Tribunal dar su opinión sobre la libertad del ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo. Si bien la ley de víctimas contempla la posibilidad, es la primera vez que se realiza una audiencia pública en esta instancia y que se logra que sea trasmitida en vivo.

La primera en hablar fue Iris Pereira, quien fue secuestrada en 1976 junto a su hijo de 15 años Floreal Avellaneda, quien luego fue asesinado. Por ese caso, Rivero fue condenado en 2009 a prisión perpetua. “Como sobreviviente de Campo de Mayo y querellante pido y exijo que a Riveros no se le dé la libertad, es un genocida y por lo tanto tiene que estar en la cárcel común como responsable de la muerte del negrito Avellaneda”, sostuvo la mujer.

Estela de Carlotto, por su parte, habló en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en el juicio por el Plan sistemático de robo de bebés, en el que también fue condenado el ex militar: “Cuando nos tocó, por una decisión de un gobierno constitucional, encontrarnos caminando en la calle a asesinos de nuestros hijos e hijas, a ladrones de nuestros nietitos, resultaba tenebroso, incomprensible, pero estábamos en el comienzo de una etapa de democracia. Creo que este es el momento de decir que repetir esa historia de impunidad sería tremendo. Esta persona no se arrepintió y si pudiera lo volvería a hacer”, argumentó.

Durante la audiencia virtual manifestaron su rechazo Alicia Vattino, Juana Muniz Barreto, Walter Meza Niella, Ramiro Mena, Daniel Cabezas, Juliana García y los nietos restituidos Manuel Goncalves y Catalina Ovando de Sanctis. También participaron José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el fiscal Marcelo García Berro y los abogados Pablo Llonto, representante de víctimas y familiares, y Carolina Villella, por Abuelas.
Insistieron en la falta de arrepentimiento de Riveros por estos delitos y la reivindicación que ha hecho del terrorismo de Estado. También señalaron que se trata de delitos que se siguen cometiendo, al ocultar información que podría ayudar a dar con personas desaparecidas o con nietos y nietas apropiados.

“Ustedes tienen la posibilidad de no ser parte de este retroceso, de este nuevo eslabón en la cadena de impunidad. Fueron tantos años, llegamos hasta acá con tanto esfuerzo para lograr las condenas y encima ahora la posibilidad de que caminen en la calle con nosotros. Es demasiado. Esos delitos permanecen, esta persona sigue delinquiendo, siguen sin decirnos donde están mis papás, los papás de otros compañeros y mis hermanos”, expresó Catalina Ovando de Sanctis.

Riveros fue comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar. Actualmente se encuentra con prisión domiciliaria y es uno de los 22 imputados en el juicio conocido como Megacausa Campo de Mayo.

Tiene múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad, muchas de ellas a perpetua. En 2019, sus condenas fueron unificadas en una pena única de 25 años, que se cumplirán en 2026. Su defensa argumentó que ya estuvo detenido 20 años y pidió su libertad condicional.

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