El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, llevó adelante una serie de estudios en materia de acceso igualitario a los derechos para el diseño de políticas públicas efectivas basadas en evidencia estadística.
Uno de ellos fue el informe Acceso a la Justicia y Condiciones de Desigualdad Social realizado junto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que provee evidencia empírica sobre el vínculo entre las barreras de acceso a la justicia y la desigualdad social.
Para el estudio se realizó una encuesta en 5.722 hogares ubicados en aglomerados urbanos de Capital Federal, del Conurbano bonaerense y otras áreas metropolitanas de la Argentina; en la que se indagó acerca de las experiencias de la población cuando enfrenta un conflicto o necesidad jurídica, su accesibilidad a información, asistencia adecuada y recursos institucionales para resolverlos. El estudio contiene también un análisis específico de las situaciones que enfrentan las víctimas de delitos y, en particular, las de violencia de género.
Para llevar adelante el informe “Acceso a Justicia y Condiciones de Desigualdad Social”, el equipo de investigadores de la OSDA tomó en cuenta los indicadores y la muestra de su estudio “Enfoque de Pobreza Multidimensional basado en Derechos” para cruzarlo con un nuevo módulo de preguntas en materia de acceso igualitario a derechos elaborado por el Ministerio de Justicia.
El resultado es el primer documento de esta naturaleza, realizado a nivel global, que analiza aspectos fundamentales de la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU -Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos- en relación con las dimensiones sociales del acceso a la justicia y su conexión con la pobreza y desigualdad estructural que van más allá del sistema de justicia penal.
El informe “Acceso a Justicia y Condiciones de Desigualdad Social” es una ampliación de los “Estudios Nacionales de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y Niveles de Acceso a la Justicia”, que realizara la cartera de Justicia en el año 2016 y en el 2019, junto con la Universidad de Buenos Aires, a fin de contar con información y datos estadísticos sobre los problemas y conflictos jurídicos prevalentes en la comunidad, las vías de solución que encuentran los habitantes, las brechas y obstáculos para conocer y aplicar los recursos y herramientas institucionales disponibles para resolver los problemas legales, su efectividad y legitimidad.
El primero de los “Estudios Nacionales de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y Niveles de Acceso a la Justicia” (2016) arrojó que de una muestra de 2.800 argentinos, la mayoría considera que el sistema de justicia está poco o nada pensado para resolver los problemas de la gente y que sólo un 5% considera que la Justicia está muy pensada para la ciudadanía.
De los entrevistados en esa oportunidad, 1896 personas tuvieron conflictos jurídicos y la mayoría fue víctima de delito, específicamente robo, hurto o atentado contra la propiedad en los últimos tres años. Un 59% de los que tuvieron conflictos o problemas legales consideró que había que resolverlos personalmente.
En este sentido más del 50% de las personas encuestadas, que tuvieron un problema jurídico, indicó sentirse muy preparado o preparado para resolver temáticas de discriminación, gobierno, consumidores, salud, trabajo; comercio, profesión o negocio; violencia institucional, educación y deudas o dinero. Por su parte, los temas en los que se sienten poco o nada preparados son el haber sido víctima de delito; cuestiones relacionadas con accidentes, a la familia y a la seguridad social.
Por otro lado, los resultados del “Segundo Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y Niveles de Acceso a la Justicia”, indican que entre 2016 y 2019 aumentó la percepción de que el origen de los problemas de las necesidades jurídicas insatisfechas reside, en primer lugar, en "vivir en un país injusto”, y en segundo lugar, en la falta de trabajo o "problemas en el trabajo".
El segundo diagnóstico realizado en 2019 analizó las necesidades de la población general y, complementariamente, de tres grupos desaventajados: población en situación de pobreza estructural, población indígena y población con discapacidad, en un total de 3000 casos a lo largo de todo el país. A su vez, se analizó transversalmente la cuestión de género.
A través de la realización de las encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas y su apertura pública, se cumple el compromiso de la recolección sistemática de evidencia sobre las necesidades jurídicas de las personas en nuestro país, en el marco de los compromisos asumidos en el Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés).