La presidenta Magdalena Odarda, envió una nota a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán manifestando su preocupación por la liberación de las personas que fueran condenadas el 24 de octubre de 2018 por el homicidio agravado de Javier Chocobar y de homicidio en grado de tentativa de Emilio y Andrés Mamaní, todos integrantes de la Comunidad Indígena Los Chuschagasta, perteneciente al Pueblo Nación Diaguita. La titular del organismo pidió que “se valore la especial situación de vulnerabilidad de los sujetos damnificados – en su calidad de personas pertenecientes a Pueblos Indígenas- y se dicte sentencia definitiva en el caso y se revierta esta situación”.

En la causa de referencia, el Tribunal de Tucumán condenó a Darío Amín a 22 años por los delitos de "homicidio agravado" en el caso de Chocobar y de "tentativa de homicidio" en los casos de Emilio y Andrés Mamaní, otros dos miembros de la comunidad, quienes resultaron heridos en ese mismo episodio. En cuanto a Luis Humberto Gómez y Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi, fueron condenados a 18 años y 10 años de cárcel respectivamente, por partícipes del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación de armas.

En la actualidad, la sentencia se encuentra a revisión de la Corte Suprema de Tucumán hace casi dos años sin que a la fecha haya existido definición, hecho que habría motivado el incidente de libertad de los encausados.

El INAI puso en conocimiento a la máxima judicatura provincial, la enorme preocupación que genera la evidente indefensión de las comunidades, quienes consideran que la medida adoptada resulta ser “una muestra de la impunidad con que se manejan quienes tienen intereses económicos sobre los territorios comunitarios”.

La puesta en libertad de los condenados representa situaciones de indefensión para los miembros de la Comunidad Indígena Los Chuschagasta, pues crean en ellas un temor generalizado que opera como un mecanismo desalentador de todas aquellas reivindicaciones indígenas, como asimismo el largo y penoso proceso penal indefinido implica un sometiendo de dolor a sus miembros por más de diez años.

Prensa Instituto Nacional de Asuntos Indígenas