El lunes 15 de junio llevamos adelante el encuentro virtual Agenda 2030 y Nueva Ruralidad frente al COVID-19: Conversaciones para garantizar la seguridad alimentaria y mitigar el impacto de la pandemia en la agricultura. Iniciativa conjunta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo de ONU Argentina.

El objetivo de este espacio fue generar una instancia de diálogo e intercambio para estimular sinergias en la implementación de la Agenda 2030 y la Nueva Ruralidad frente al COVID-19 y en la posterior etapa de recuperación, en aras de garantizar la seguridad alimentaria, mitigar el impacto de la pandemia en la agricultura y en relación con el marco de acción del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.

Contó con la participación de Luis Basterra, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP); Victoria Tolosa Paz, Secretaria Ejecutiva del CNCPS; Yanina Settembrino, Subsecretaria de Agricultura Familiar del MAGyP; Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra; Ricardo Rapallo, Oficial Principal de Políticas de Seguridad Alimentaria de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de FAO; y Roberto Valent, Coordinador Residente del Sistema de Agencias de ONU Argentina. Y fue moderado por Elizabeth Kleiman, Asesora Seguridad Alimentaria y Nutrición de FAO Argentina.

Las y los representantes del sistema alimentario aportaron su experiencia para repensar y abordar en conjunto políticas públicas integrales que fortalezcan la seguridad alimentaria saludable para toda la población, potencien la capacidad de trabajo y comercialización de la agricultura familiar, las redes socio-comunitarias, y mitiguen los efectos medioambientales negativos.

Cabe resaltar que el Gobierno Nacional comenzó en enero a trabajar en el Plan Argentina Contra el Hambre, una política pública integral y multidimensional de promoción y fortalecimiento del acceso a la canasta básica de alimentos para los sectores más vulnerables.

A su vez, Naciones Unidas en Argentina viene apoyando al Estado en diferentes aspectos vinculados a la crisis alimentaria que afecta el país. En particular, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsa un trabajo articulado entre los diversos actores (organizaciones de la sociedad civil y organismos especializados en tecnología agropecuaria, la academia y otros) para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de toda la población y familias argentinas, apoyándose en las acciones que lleva adelante el Estado a través del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

De este modo, los Ministerios y organismos nacionales especializados comenzaron a desarrollar una política de Estado para atender integralmente la Ley N° 27.519 de Emergencia Alimentaria Nacional, prorrogada hasta el diciembre de 2022 por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El mencionado Plan Nacional está directamente relacionado con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con la cual el Estado argentino se comprometió y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales coordina su implementación.

En este sentido, el principio de la Agenda de "No dejar a nadie atrás" contempla el desarrollo de intervenciones y complementariedades que busquen la seguridad alimentaria sostenible de largo plazo, promoviendo la sustentabilidad ambiental, nuevos mecanismos de participación y la resiliencia al cambio climático en la agricultura argentina.

Por su parte, la FAO en su documento ODS y Nueva Ruralidad enfatiza la gestión de lo rural "como una oportunidad para avanzar hacia un crecimiento cualitativo e integral, entendiendo que las áreas rurales son "la" respuesta para la época actual (para la alimentación, la energía, el ambiente, la biodiversidad y modos de vida)".

Durante el proceso de implementación de estas políticas comenzó a extenderse la pandemia de COVID-19, un contexto crítico que trajo la necesidad de tomar la medida excepcional de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país. Junto con ello, el Estado diseñó políticas públicas de prevención y cuidado sanitario para toda la población, acompañadas de acciones concretas para el refuerzo integral de la protección social y aliviar el impacto económico negativo.

La realidad exige poder diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas de largo plazo y de carácter participativo, con las que abordar la integración social, el dinamismo económico y el cuidado socio-ambiental posteriores a la pandemia.

En este contexto, la Oficina del Coordinador Residente (OCR) de Naciones Unidas en Argentina, a través de sus diferentes agencias, fondos y programas, ha elaborado el documento Análisis Inicial del Impacto Socioeconómico y Ambiental de la pandemia provocada por el COVID-19 en Argentina. El estudio es un valioso aporte que incluye lineamientos y recomendaciones de políticas destinadas a mitigar el impacto de la pandemia, y crear las bases para la etapa de recuperación socio-económica con foco en el desarrollo sostenible. Enfatiza asimismo sobre la importancia de la alimentación y la producción de alimentos en particular, a efectos de seguir mitigando los daños socioeconómicos y humanitarios.

Estos espacios de intercambio y trabajo mancomunado se enmarcan en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 17: Alianzas para lograr los Objetivos.