Al costado de la Ruta Nacional 14, cinco camiones aguardaban seguir su camino hacia Misiones, pero las inclemencias de la tormenta llevaron a que los conductores tuvieran que esperar más de la cuenta. En el marco de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, las y los efectivos de la GNA iniciaron un control exhaustivo de la documentación, así como un cálculo estimativo entre lo declarado y lo cargado que permitió detectar el delito.

El giro que la ministra Sabina Frederic dio respecto de la inacción del Estado entre 2015 y 2019 en relación con el contrabando implicó que las Fuerzas de Seguridad Federales volvieran a cumplir una función crucial y obligatoria: la neutralización del tráfico ilegal de granos, práctica que afecta a múltiples áreas del espacio social y de la estructura del Estado.

El contrabando de granos constituye un delito definido en el artículo 279 (Régimen Penal Tributario) de la Ley 27.430. Tanto en relación con los ingresos del Estado como en el falseamiento de la carta de porte (que establece el origen y destino de lo transportado), así como en el consecuente y potencial lavado de activos, la detección de esta ilegalidad requiere de un trabajo simultáneo entre las Fuerzas Federales y la Administración Federal de Ingresos Públicos que encabeza Mercedes Marcó del Pont.

Además de operativos como el desarrollado por la GNA, la Prefectura Naval viene incautando pequeñas cantidades de granos que son escondidas en zonas costeras para ser contrabandeados hacia fuera del país. Si se suman estos procedimientos de volúmenes menores, prácticamente todas las semanas la PNA decomisa toneladas de granos dispuestas sobre el río Uruguay y Paraná para su exportación ilegal.

Este crecimiento exponencial del trabajo de las Fuerzas Federales se expresa en los números registrados en las bases de la Dirección Nacional de Estadística Criminal (DNEC) de esta Cartera durante el primer semestre de este año (enero a junio). Por ejemplo, en dicho período se realizaron 171 procedimientos en los cuales se incautó soja, maíz y otros cereales destinados al comercio ilegal, contra los 40 efectuados durante 2019 y 2020. Asimismo, en los primeros seis meses de 2021 se detuvo a 203 personas involucradas con el contrabando, frente a las sólo 6 detenciones realizadas durante 2019, con Patricia Bullrich al frente de este Ministerio. El dato más emblemático de este giro en favor de un Estado activo contra estos delitos se vincula con la cantidad de alimentos incautados: en 2021 ya se han decomisado 5.455.160 kilogramos; en el mismo periodo de 2020 (con la salvedad de las restricciones de circulación por la irrupción de la pandemia de Covid-19) 568.787 kilos; y, en 2019, 1.597.523 kilos.

El cambio de paradigma impulsado por Frederic demuestra resultados efectivos contra las grandes redes de comercialización ilegal e irregular, las cuales poseen la capacidad, capital e infraestructura para movilizar cantidades de granos. Estos resultados, finalmente, impiden que estas organizaciones delictivas obtengan las ganancias que persiguen, fin último de estas formas de operaciones clandestinas.