La Interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Soledad Manin, el jefe del Departamento de Protección a las Personas Usuarias, Juan Pablo Sánchez Díaz y la Coordinadora de Electrodependientes, Gabriela Salinas, se reunieron ayer con representantes de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) para comunicar la aclaratoria emitida en relación con los alcances de la Resolución ENRE N° 544/2017. El documento aborda la seguridad eléctrica en cuanto a la instalación de las Fuentes Alternativas de Energía (FAE) en los domicilios de estos usuarios y usuarias.

La Ley N° 27.351 dispuso que EDENOR y EDESUR debían entregar de forma inmediata una FAE a las personas usuarias electrodependientes inscriptas en el Registro de Electrodependientes. Sin embargo, a partir de la mesa de trabajo con el ENRE, los miembros de AADED alertaron que la mencionada Resolución no permitía la instalación de la FAE en viviendas que no cuentan con una Declaración de Conformidad de Instalaciones Eléctricas (DCI).

La nota regulatoria comunicada a la Asociación instruye a las distribuidoras a ubicar la FAE en un circuito independiente de la instalación eléctrica general de las viviendas sin una DCI, y así no sólo preservar el suministro de electricidad en forma permanente, constante y en niveles de tensión adecuados, sino también garantizar la seguridad eléctrica en toda la vivienda.

Por parte de AADED, participaron del encuentro su presidente Mauro Stefanizzi, Marcela Gómez y Leticia Escalante, que celebraron la medida pues hasta ahora la Resolución ENRE N° 544/2017 representaba una barrera para garantizar el derecho al acceso a la Fuente Alternativa de Energía. En este sentido, señalaron que la instalación de la FAE permite que las familias de las personas electrodependientes se desenvuelvan con más tranquilidad sabiendo que ésta les proporciona suministro constante -y por lo tanto autonomía- en casos de corte de suministro.

Considerando que las personas usuarias de servicios públicos tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, y que la salud de las personas electrodependientes depende de la posibilidad de conexión a fuentes de energía eléctrica, el ENRE interviene en defensa no sólo de los derechos de los usuarios y usuarias sino también del derecho a la salud y a la calidad de vida.