“El país estaba en emergencia sanitaria antes del COVID”

La Secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, dictó una clase abierta dentro del Seminario “Gestión jurídica de la pandemia: la estrategia para la mejor defensa de los intereses del Estado” organizado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Allí se refirió a la manera en la que fueron jurídicamente gestionadas las diferentes normativas que se tomaron durante la pandemia.


En una charla que contó con una gran participación tanto de estudiantes como de visitantes en el renovado Canal de la ECAE, la funcionaria nacional recordó que a menos de 100 días de haber asumido “el gobierno se encontró con una pandemia dramática” que implicó que hubiera que “enfrentar a un virus del cual se sabía muy poco”. En ese contexto, los primeros desafíos tuvieron que ver con “equipar al Estado de toda la infraestructura y el saber médico necesarios para enfrentar una pandemia que mostraba situaciones de desborde en Europa, al mismo tiempo que hubo que fortalecer el sistema de salud en un país que tres meses antes no tenía Ministerio de Salud”. En tal sentido, enfatizó que a principios de 2020 era imprescindible “evitar que los contagios desbordaran el sistema de salud” y que “el único camino que se conocía en ese momento era la disminución de la circulación”.

Ibarra explicó que el dictado de normas que restringieran la circulación implicó un “desafío normativo” en un país que ya “estaba en emergencia sanitaria antes del COVID”. Es decir, fue necesario tomar una serie de medidas para enfrentar la situación sanitaria como por ejemplo, el aislamiento obligatorio para quienes ingresaban al país. “Tuvimos el desafío de tener que tomar medidas que restringían en forma proporcionada el ejercicio de determinados derechos constitucionales, pero en el marco del cumplimiento de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, para proteger la salud pública y la vida de la gente”, señaló la funcionaria.

Ibarra reveló que el presidente Alberto Fernández le encomendó que todas las normativas que hubiera que dictar en torno a la pandemia fueran redactadas en un “lenguaje llano y directo, de modo tal que sea comprensible para toda la ciudadanía”. Además, otra exigencia del jefe de Estado fue incluir en todos los considerandos de las normativas los datos epidemiológicos, de modo tal que todas las decisiones estuvieran cimentadas en criterios científicamente fundados.

La Secretaria Legal y Técnica hizo hincapié en que la pandemia implicó que el Estado tuviera que dar respuestas no solo ligadas al cuidado de la salud, sino a la situación económica y social: “El Estado tuvo que salir a defender diversas vulnerabilidades, todo era urgente. Por eso se tomaron medidas como el ATP, el IFE, dar créditos a tasa cero, la suspensión de los desalojos y atender las inequidades agravadas por las desigualdades de género”.

Además, Ibarra aseguró que la respuesta normativa ante estas situaciones de emergencia como una pandemia están caracterizadas por su “urgencia, la necesidad de cuidar la vida, la economía y el entramado social”. Finalmente, la abogada concluyó que “una de las cosas más importantes es pensar en la unidad de la acción y en la necesidad de la fortaleza política para la toma de decisiones”. Y enfatizó que “quien es abogada/o del Estado siempre tiene que tener presente los contextos políticos, las normas que cuentan con mayor respaldo político son aquellas que más cumplimiento tienen por parte de la sociedad y creo que la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos hicieron un gran esfuerzo”.