"El estado debe garantizar este derecho en todos los ámbitos, entendiendo que tanto el sector privado, los sindicatos y las comunidades son corresponsables de lograr que este derecho sea una realidad efectiva para todes", aseguró Perceval.

De cara a la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizará en Buenos Aires del 7 al 11 de noviembre con el apoyo de ONU Mujeres, este diálogo multisectorial e internacional fue una nueva oportunidad de articular estrategias sobre cómo acelerar las transformaciones hacia el establecimiento, la financiación y el mantenimiento de los sistemas integrales de cuidados. De esta manera, el panel que integró Perceval debatió sobre la aplicación de las leyes, regulaciones y políticas relacionadas con los cuidados, para fortalecer un modelo de corresponsabilidad entre mujeres, LGBTI+, varones, el Estado, las comunidades y el mercado, que garantice una sociedad más igualitaria e inclusiva para todas, todes y todos.

Asimismo, el contexto nacional, regional y mundial de la salida de la pandemia de COVID 19 hizo que la agenda de los trabajos de los cuidados sea una de las prioridades de los
gobiernos, ya que la crisis magnificó las desigualdades estructurales de género. No obstante, esta situación puso de relieve el papel vital que desempeña el cuidado, que es realizado mayoritariamente por mujeres y LGBTI+, en el funcionamiento de las economías y sociedades, de manera que se sostiene a través de una organización desigual e injusta que el Estado debe revertir con políticas públicas y acciones positivas.

En este contexto, lxs participantes de la reunión expresaron su apoyo al proyecto de ley “Cuidar en Igualdad” que fue enviado al Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández. En principio, establece la creación del Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género (SINCA) y la modificación del régimen de licencias en los sectores público y privado, ampliando los derechos de lxs trabajadorxs gestantes, no gestantes y adoptantes que se desempeñen en relación de dependencia o sean monotributistas, monotributistas sociales o autónomos/as. En este marco, se busca reconocer el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados, así como también el derecho al autocuidado; y promueve la igualdad de género porque hace visible el valor social y económico de los cuidados y los reconoce como un trabajo, ya sea que se desarrollen al interior de los hogares, en el ámbito comunitario, público o privado. En la actualidad, este trabajo es ejercido por mujeres y LGBTI+ de manera invisibilizada y no remunerada en muchas ocasiones.

Argentina se encuentra por debajo de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ya que la licencia por maternidad es de 90 días (casi 13 semanas) y la de paternidad es de solamente 2 días. En caso de que se avance, esta propuesta será implementada de manera progresiva y alcanzará a más de 8 millones de personas.

Entre los diez puntos más relevantes con los que cuenta este anteproyecto, también se promueve la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados y la adaptación de las jornadas laborales a las necesidades de cuidado en los sectores público y privado. Además, propone proteger a todas las personas que necesitan cuidados: niñas, niños y adolescentes, con prioridad hasta la edad de 5 años inclusive; personas de 60 años o más, cuando lo requieran; y personas con discapacidad.