La secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila, al momento de su disertación, destacó que “la creación del Ministerio fue una decisión política que dio respuesta a la lucha histórica de los movimientos feministas y de la diversidad”. En este marco, contó que “tanto el Plan de Igualdad en la Diversidad como el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género fueron construidos de manera participativa, transversal e interseccional y federal”.

Por último, afirmó: “Consideramos que es crucial que el sistema de administración de justicia adopte la perspectiva de género en todas sus intervenciones y que sea transparente, empático, no-revictimizante, plural y diverso”, y concluyó: “En relación con el acceso a la justicia, no puedo dejar de destacar el intento de magnifemicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su condición de mujer y las violencias por motivos de género que atravesó históricamente –mediática, política, simbólica, institucional– no pueden ser dejadas de lado durante la investigación judicial”.´

El EPU es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que se realiza cada cuatro años y medio. Se trata de una oportunidad para la rendición de cuentas de los Estados frente al cumplimiento de sus obligaciones en esta materia. El objetivo final del mecanismo es mejorar el acceso a los derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los mismos dondequiera que se produzcan. En la actualidad, no existe ningún otro mecanismo universal como éste.

En el caso de Argentina, el proceso comenzó con la presentación de un informe nacional escrito, que fue remitido por el país en octubre de 2022, y continuó con un examen oral en el que los representantes nacionales dieron cuenta de las medidas adoptadas para garantizar los derechos humanos y los avances en las recomendaciones aceptadas por el país en el ciclo anterior.

Los años transcurridos desde la última revisión de Argentina fueron testigos de enormes desafíos. Incluso antes de la crisis sanitaria que estalló tras la pandemia del Covid-19, el país seguía sumido en una profunda crisis económica y social. En esta línea, durante sus exposiciones, los representantes argentinos mencionaron los desafíos y políticas para contrarrestar la violencia contra las mujeres, niñas y LGBTI+; la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el seguimiento de la aplicación de la ley en todo el país; y la aplicación de la Ley nacional sobre Educación Sexual Integral (ESI), entre otros puntos en materia de seguridad y justicia.

Por el MMGyD también participó de la audiencia la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky. Mientras que, por la cartera de Justicia y Derechos Humanos, expusieron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós; y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni. Conformaron la delegación, además, la directora de Derechos Humanos de Cancillería, Cecilia Meirovich; la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; el representante argentino en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Federico Villegas Beltrán; y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Nicolás Moszkowski Rapetti.