El ministro Soria y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina trabajarán juntos para fortalecer el sistema de enseñanza de las carreras de abogacía
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos suscribió un convenio con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina (CRUP), integrado por las 64 entidades universitarias privadas habilitadas en nuestro país, con el objetivo de coordinar e implementar proyectos que fortalezcan la enseñanza de la carrera de abogacía en todas las Universidades privadas. De esta manera las Universidades nucleadas en el CRUP podrán sumarse a los programas del Ministerio y se logra incorporar a todas las comunidades educativas, tanto pública como privada, al diseño de dichos programas
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, firmó hoy un convenio con el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Rodolfo De Vicenzi, que establece el marco legal para que ambos organismos puedan desarrollar proyectos y acciones conjuntas tendientes a fortalecer el sistema de enseñanza de las carreras de abogacía en las universidades privadas.
El CRUP es el órgano de representación y consulta de las 64 entidades de educación superior privadas habilitadas en Argentina. Entre sus funciones se encuentra la de representar en forma conjunta a todos los establecimientos privados autorizados, programa el planeamiento de la enseñanza universitaria privada y fomenta la mutua ayuda entre las entidades miembros, para la consecución de los fines y objetivos propios de una universidad y de la iniciativa privada en la enseñanza superior universitaria.
El texto firmado establece que el Ministerio y el CRUP diseñarán estrategias que aseguren la calidad de la educación universitaria en las carreras de abogacía que se dictan en instituciones universitarias privadas de todo el país y dispone profundizar la evaluación del estado actual de la carrera en las facultades privadas para identificar las fortalezas y los puntos a mejorar, con el objetivo de asegurar estándares de formación profesionales.
La reunión contó con la presencia del secretario de la CONEAU, Martín Strad; la rectora de la Universidad Católica de La Plata, Rita Gajate; la Rectora de la Universidad del Este, María de las Mercedes Reitano; la decana de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Alejandra Mizzau; y el representante del CRUP ante la CONEAU, Francisco Piñon.
Por parte de la cartera de Justicia también participó el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; el director de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler; y el director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, Luis Alberto Calderaro.
Refirió el ministro Soria: “desde el Gobierno Nacional entendemos que las universidades, los docentes, los estudiantes, la comunidad académica toda, debe formar parte de las políticas públicas implementadas desde el Poder Ejecutivo. Sin lugar a dudas hoy estamos dando el primer paso en un largo camino que será muy beneficioso para todos los y las estudiantes de derecho, es decir para los futuros abogados que se desempañarán como futuros, jueces, fiscales y profesores, pero que también será muy beneficioso para cada una de las universidades nucleadas en el CRUP.”
El Convenio entre el Ministerio de Justicia y DDHH y el CRUP incorpora a las universidades privadas al diseño e implementación de las políticas públicas del Ministerio de Justicia, permitiendo que dichas entidades educativas se sumen a los programas que la cartera de Justicia desarrolla de forma conjunta con las Universidades Nacionales que dictan las carreras de abogacía desde diciembre de 2021.
Entre estos programas se destaca Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, iniciativa que permite que las personas que acuden a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) puedan acceder a un/a abogado/a que los patrocine ante los distintos poderes judiciales del país.
El ministro Soria valoró que el convenio firmado “permite integrar a toda la comunidad académica al trabajo que venimos realizando desde el Ministerio de Justicia” y recordó que “en diciembre de 2021 firmamos un convenio muy similar con las Universidades Públicas, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, que nos permitió implementar programas concretos como lo fue la puesta en funcionamiento de políticas integrales la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, destinado a personas de bajos recursos que no pueden costear un abogado, y la financiación de la construcción de salas de prácticas profesionales en todas las facultades públicas de derecho.”
"El convenio permitirá que nuestros graduados y nuestros alumnos de los últimos años puedan generar espacios de práctica, participar de la red federal de patrocinio jurídico y también poder desarrollar investigación que en el conjunto con estas acciones generen una mayor pertinencia de lo que significa la administración de justicia para la sociedad. Y también puedan realizar nuestros graduados y nuestros alumnos una transferencia, siendo las universidades agentes de cambio y de transformación para atender las problemáticas y las necesidades de desarrollo de la sociedad", afirmó por su parte el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas.
Gracias a la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, los estudiantes avanzados de derecho de las universidades nacionales que forman parte de la iniciativa, pueden realizar sus prácticas profesionales en los 100 CAJ que dependen del Ministerio de Justicia. Esta política permite fortalecer la Red de Federal de Acceso a la Justicia para llegar a más ciudadanos, mejorar la calidad profesional de los alumnos a través de prácticas bajo la supervisión de sus docentes y también permite la resolución de conflictos previa judicialización, reduciendo la cantidad de casos que llegan a los tribunales.
El trabajo que se lleva adelante a través de la coordinación de la Red Federal de Centros de Acceso a la Justicia con la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, permite que estudiantes avanzados de la carrera de derecho, con la tutoría de docentes experimentados, puedan intervenir en causas judiciales de casos recibidos en los Centros de Acceso a la Justicia de todo el país.
Durante el 2022 los CAJ evacuaron más de 200.000 consultas y brindaron asistencia jurídica gratuita a personas de todas las provincias, consolidándose como la política territorial más importante del Ministerio de Justicia en materia de acceso a la justicia.