El ministro Martín Soria, junto al secretario de Justicia, Juan Martín Mena y al subsecretario Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler, recibieron a las autoridades del máximo tribunal penal de la Justicia Nacional, Mario Magariños (Presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal) y Daniel Morín (Vicepresidente de la Sala II). En la reunión coincidieron en un rechazo categórico a la ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que busca ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia local.

En el encuentro llevado a cabo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los camaristas Magariños y Morín señalaron: “Pretender modificar la jurisdicción y competencia nacional mediante el dictado de una ley local no sólo resulta incomprensible, es ante todo contrario a la legislación nacional específica, a la Constitución de la Nación e, inclusive, a la Constitución de la CABA. Además, pasa por alto que una ley local carece de fuerza vinculante respecto de la actuación de los tribunales que integran el Poder Judicial Nacional. Por consiguiente, la norma dictada por la legislatura de la CABA importa generar un verdadero descalabro institucional, con serias consecuencias para uno de los tres poderes de gobierno la República y, lo más importante, para todo habitante de la Nación, en tanto la norma en cuestión ocasionará un grave riesgo para el legítimo derecho de contar con una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente".

Soria, por su parte, destacó: “Hay un sector político que se llena la boca hablando de las instituciones, pero después aprueba leyes claramente inconstitucionales. Se llenan la boca hablando de la lucha contra la delincuencia, pero después inventan este engendro que sólo va a provocar demoras en todos los expedientes penales que tramiten en la ciudad, varias prescripciones y, por lo tanto, impunidad. Si el Jefe de Gobierno promulga la ley, estará priorizando el interés de su jefe político por sobre la seguridad de todos los porteños y porteñas”.

Durante la reunión, Soria, Mena, Soler, Magariños y Morín analizaron las posibles implicancias de la ley en caso de que sea finalmente promulgada, cosa que aún no sucedió. Todos los presentes coincidieron en que, si el Jefe de Gobierno avanza con la promulgación, deberán tomarse las medidas institucionales que sean necesarias para evitar la implementación de una norma que podría afectar el normal desenvolvimiento de las instituciones judiciales en la Ciudad.