El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandié, presentó una nueva entrega del ciclo de charlas virtuales “Lo que vendrá: pensando juntos el futuro”, que modera Sergio Elguezábal, periodista especializado en ambiente. En esta oportunidad, debatieron sobre la relación entre ambiente y justicia: Sebastián Lloret, secretario relator en Ambiente e Intereses Difusos de la Procuración General del Ministerio Público de Salta; y Fabián Maggi, abogado especializado en derecho ambiental.

El primer tema abordado a lo largo de la conversación fue las dificultades que presenta la Justicia para abordar los conflictos ambientales y cuales son los efectos que las mismas conllevan. Lloret consideró que si bien hay “espacios donde hay inefectividad”, también ponderó que la jurisprudencia en la temática fue “central” para la toma de decisiones ambientales a nivel regional y local. A su vez, consideró que los procesos jurídicos ambientales son de naturaleza compleja y que en ellos se tratan daños de interés público, que afectan a las comunidades en aspectos vitales. Por otro lado, Maggi señaló que hay demoras en la Justicia que son “inadmisibles” y que “hay una influencia del poder económico concentrado que presiona de manera directa” sobre el Poder Judicial. Asimismo, analizó que hay “una falta de inversión e infraestructura” en la Justicia, y agregó que “primero tenemos que fortalecer la estructura existente y ampliarla, para que la cuestión territorial sea abarcada con una inmediatez más lógica”.

Un tópico destacado fue la trascendencia del Acuerdo de Escazú para los países de la región, que permitirá alcanzar un estándar común de protección ambiental, dado que el desarrollo institucional de los Estados signatarios, para darle abordaje a la materia, es muy diverso. Lloret explicó, en referencia a uno de los pilares fundamentales del acuerdo, el derecho de acceso a la información pública ambiental, que “Escazú plantea un sistema propositivo de información pública. Los Estados deben estar al frente de ofrecer información ambiental para construir una mayor democracia, lo que es vital”. Sobre el derecho a la participación pública ambiental, otro de sus pilares, Maggi aseguró que “aporta algo novedoso: establece que las negociaciones internacionales que tengan impacto sobre el ambiente, deben hacerse con la participación previa de la ciudadanía”. También se subrayó la importancia de avanzar en la formación ambiental de los funcionarios judiciales y que el mencionado tratado colaborará en ese sentido.

Hacia la conclusión del encuentro, Elguezábal invitó a los especialistas a resumir “dónde se centra hoy la mayor conflictividad ambiental en Argentina”. Al respecto, Maggi aseveró que su eje está centrado en el “sistema extractivista que plantean los grupos económicos concentrados” y reflexionó que es necesario lograr un cambio de paradigma. “Abrir la información pública ambiental y que la participación ciudadana sea previa a la toma de decisiones”, sumó como parte de las soluciones. A su turno, Lloret afirmó: “Todos tenemos que entender que hay un nuevo paradigma, que es el estado ambiental del derecho”, y complementó: “Una gran discusión que nos merecemos como país es el ordenamiento ambiental del territorio”, que debe realizarse de manera participativa y federal, señaló.