Esta presentación se dio en el marco del debate sobre el proyecto de ley que aprueba, en el ámbito legislativo, el "Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", firmado entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016."

En su intervención, Fihman brindó información detallada relacionada con el debate generado en torno a la determinación del monto de la transferencia y afirmó: “Ese monto no constituye una estimación teórica sobre lo que podría valer la transferencia de estos servicios en términos de porcentajes de personal y de cada una de las superintendencias o de las áreas de la Policía Federal Argentina, sino que, por el contrario, tenía que ver y está delimitado por los gastos que efectivamente correspondieron a la consecuencia del convenio suscripto”. Tras ello, explicitó el mecanismo establecido para resolver el convenio: “En marzo de 2016 se firmó un acta complementaria entre las dos partes que establecía que la Nación efectuaría la liquidación de los haberes del personal efectivamente transferido así como del resto de los gastos incurridos, que el Ministerio de Seguridad a través de la PFA informaría esos gastos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y este último realizaría la transferencia de esos montos al Tesoro Nacional”. La totalidad de ese monto transferido, precisó Fihman, “fue validado por el Gobierno de la CABA y alcanzó la suma de más de 8 mil millones de pesos entre el 5 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de ese mismo año”.

Por su parte, Silvia La Ruffa explicó que “hoy estamos discutiendo cuál es el monto necesario para financiar el Convenio firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad porque el expediente que da lugar a dicho Convenio no cuenta con un informe técnico que explicite cuáles fueron los criterios que utilizó en ese momento el Gobierno Nacional para definir las estructuras necesarias para garantizar las competencias federales en materia de seguridad en el territorio de la Ciudad”, y agregó: “Por lo tanto, tampoco están los criterios que permitieron determinar el por qué, en ese Convenio, se incluyeron determinados organismos, funciones, competencias, servicios, el personal y los bienes materiales e inmateriales a los que se hace referencia. “En ese sentido”, añadió La Ruffa, “además de la falta del informe técnico, tampoco está allí el cálculo necesario de recursos para financiar ese compromiso que la Nación asumía con la Ciudad de Buenos Aires, si no, probablemente, no estaríamos en esta discusión”.

Gabriel Fuks, en tanto, afirmó que “no existe un rechazo al mecanismo de la construcción de la policía ni a la competencia en materia de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y aseguró que “la ratificación del Convenio es el punto que nos une”, tras lo que concluyó: “En la pandemia hemos trabajado coordinadamente a través del Comando Unificado con la Policía de la Ciudad, por lo que hay un contexto de respeto. La voluntad del Presidente Alberto Fernández, es clara: respetar la autonomía de la Ciudad. A pesar de que la Ciudad excede largamente la recomendación de la ONU de efectivos por habitante, el Estado Nacional sigue prestando en su territorio competencias no federales, y que en el proyecto permanezca la cláusula 14ª es la ratificación de ese compromiso asumido”.

En respuesta a una intervención de la Senadora opositora por CABA, Guadalupe Tagliaferri, Fuks señaló: “La referencia al planteo de la ONU no es para decir que la Ciudad debería tener menos policía. Simplemente la uso para reflexionar, porque además de las funciones federales hay funciones de seguridad que no fueron transferidas. En la práctica, de manera natural, e incluso en un Convenio que firmamos este año eso se mantiene. Hay una voluntad política de mantenerla”.

Además de los representantes de este Ministerio, en el plenario también expusieron el constitucionalista Daniel Sabsay; el ex diputado y Convencional Constituyente Antonio María Hernandez; el ex Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo; el especialista en Derecho Constitucional Carlos Balbín; y el constitucionalista Andrés Gil Dominguez.