El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ANSES articularán acciones para que los pueblos originarios perciban el ingreso familiar de emergencia

Mediante la Resolución 2020-4, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y la ANSES realizarán un relevamiento integral en las comunidades indígenas de todo el país con el fin de elaborar informes técnicos y asegurar la efectiva prestación del derecho económico denominado “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA” (IFE).


Esta medida fue dispuesta para brindar una ayuda económica a los pueblos originarios en medio de la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto N° 260/2020, en relación al COVID-19.

La presidenta del INAI, Magdalena Odarda explicó que “El Ingreso Familiar de Emergencia será de diez mil pesos ($10.000) y lo percibirá un (1) integrante del grupo familiar en el mes de abril, si bien la ayuda podrá ser prorrogada por el Gobierno en caso de ser necesario. El IFE deberá ser solicitado ante la ANSES, que pondrá a disposición de todas las personas interesadas un formulario en los primeros días de abril”.

“La intención del Gobierno nacional es que ningún argentino en situación de vulnerabilidad quede exento. El objetivo es que accedan a este derecho las personas comprendidas en el decreto del Poder Ejecutivo”, agregó Odarda.

Para acceder a este derecho, el INAI convocará al Consejo de Participación Indígena a fin de implementar las medidas necesarias para operativizar un relevamiento. La compilación de datos se efectuará de manera electrónica y por otros medios idóneos que determine la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas y se coordinará para su efectiva carga, conforme el procedimiento determinado por la ANSES. También, mediante la presente Resolución se facultó a esta Dirección a emitir informes técnicos sobre las bases del relevamiento de datos que pueda colaborar.

Paralelamente la presidenta del INAI resolvió llevar a cabo un relevamiento de todas las hermanas y hermanos que tendrán acceso a este derecho para que ni una sola familia indígena quede fuera del alcance de esta política pública.