El Ministerio de Justicia simplifica los trámites del Registro de la Propiedad Inmueble y reduce costos para los ciudadanos
La nueva disposición elimina cargos en distintos trámites, amplía beneficios para los usuarios y continúa el proceso de modernización del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.
El Ministerio de Justicia puso en vigencia la Disposición Administrativa N° 6/26, que profundiza el proceso de simplificación y modernización del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal (RPI). La medida reduce costos, elimina cargas administrativas y facilita el acceso de los ciudadanos a los servicios registrales.
La iniciativa se enmarca en la política de desburocratización impulsada por el ministro Juan Bautista Mahiques y da continuidad a las reformas implementadas a partir del Decreto N° 902/24, que redujo en un 50 % las tasas registrales, y de la Disposición Administrativa N° 2/25, que avanzó en la simplificación del sistema de contribuciones previsto por la Ley N° 17.050.
Entre las principales medidas, el certificado de dominio pasará a abonarse únicamente según la cantidad de inmuebles incluidos en la solicitud, sin considerar la cantidad de actos jurídicos involucrados. De esta manera, se simplifica el sistema de liquidación y se reduce el costo del trámite.
Asimismo, se elimina el cargo correspondiente a la planilla de unidades para la inscripción de reglamentos de propiedad horizontal y de sus modificaciones, lo que disminuye el costo de esas gestiones y agiliza su registración.
La disposición también establece la gratuidad del Índice de Titularidad (Informe N° 3) cuando sea solicitado por personas no registradas para presentar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) o entidades bancarias en el marco de la obtención de créditos hipotecarios. Cada persona podrá acceder sin cargo a hasta tres informes por año con esos fines.
Además, se unifica el régimen de reducción de contribuciones para la registración de escrituras destinadas a viviendas sociales, cualquiera sea el programa mediante el cual se instrumenten, y se incorpora una contribución especial mínima para determinadas medidas cautelares cuando no exista un monto determinado ni pueda conocerse la valuación fiscal del inmueble, evitando demoras y costos desproporcionados.
Con estas medidas, el Ministerio de Justicia continúa avanzando en una gestión orientada a simplificar trámites, reducir costos y brindar servicios más ágiles, eficientes y accesibles para los ciudadanos, fortaleciendo un Registro de la Propiedad Inmueble moderno y al servicio de quienes lo utilizan.