Se realizó en la localidad bonaerense de Campana un nuevo acto en el que se eliminaron más de 10.000 armas de fuego provenientes de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Entre Ríos, en el marco de la Ley 25.938 de secuestro y decomiso por comisión de delito; y de La Pampa, Santa Fe y Banco de la Nación Argentina, en marco de la Ley 20.429 de bajas patrimoniales de dotación de las Fuerzas Policiales.

La mayoría de estas armas fueron decomisadas por el Poder Judicial en el marco de procedimientos de investigaciones judiciales, extraídas de los circuitos ilícitos y de la comisión de diversos delitos, entre ellos hechos de violencia de género.

El procedimiento de destrucción se conformó de dos etapas: la primera, llevada a cabo en la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC), donde se efectuaron los controles registrales y notariales correspondientes. Bajo la custodia de la Policía Federal Argentina, se procedió al traslado de las armas a la planta de la empresa Scrap Service S.A, donde se procedió a la destrucción por triturado y fundición de las mismas, bajo estrictos protocolos de seguridad y certificado por la Escribanía General de la Nación.

Una auténtica política de Estado

El acto fue encabezado por el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, la directora Ejecutiva de ANMaC, Natasa Loizou, la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Gimena del Rí,o y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak.

Loizou señaló que “alcanzamos la destrucción de 40 mil armas de fuego y 10 toneladas de municiones un 3 de junio, a 7 años del primer Ni Una Menos. Son 40 mil armas en nuestra gestión y 440.000 armas en los últimos 20 años”.

Mena destacó que el desarme y la regularización de armas en nuestro país es una auténtica política de Estado: “No vamos a cesar ni un segundo en profundizarla. En tiempos que hay discursos sensacionalistas, violentos e irresponsables nosotros vamos a seguir trabajando en lograr el mayor desarme de la población civil que podamos, y la incautación y destrucción de la mayor cantidad de armas producto del delito a la que podamos llegar”.

Esta destrucción se enmarca dentro de la reactivación de una política prioritaria de la ANMaC.

Las últimas destrucciones de municiones se llevaron a cabo en los años 2012 y 2015, oportunidad en las cuales fueron eliminadas un total de 351.758 unidades. A partir de 2016 se abandonó la política de eliminación de municiones, dando como resultado el almacenamiento irregular, descentralizado en distintos organismos públicos.