La subsecretaria de Tributación Internacional del Ministerio de Economía, Mariana Rivolta, y la directora de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro, participaron del Foro Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual, que se llevó a cabo en la Casa Rosada, con el objetivo de coordinar medidas de distintos organismos del Estado para dar respuestas y contribuir al acceso de productos de gestión menstrual.

El encuentro contó con la presencia de más de 100 funcionarias nacionales y provinciales, diputadas y senadoras nacionales, concejalas, dirigentas políticas, cooperativistas y activistas de todo el país, quienes advirtieron sobre el factor de desigualdad que implica la menstruación y plantearon iniciativas para revertir la situación que afecta, no sólo la economía sino la salud, la educación y el trabajo de las mujeres y personas menstruantes.

Las toallitas, tampones y copas menstruales representan un costo económico extra en mujeres y personas que menstrúan. Las más afectadas son quienes poseen menores recursos y, al no poder acceder a estos productos, se ausentan de la escuela o de sus puestos de trabajo, o recurren a alternativas para gestionar su menstruación que pueden afectar su salud. Es decir, las barreras económicas al acceso de productos de gestión menstrual tiene implicancias también en la salud, educación y trabajo.

“Desde el punto de vista económico, gastamos entre $1898 y $3805 por año para gestionar la menstruación. Para muchas puede resultar poco, pero no para aquellas que representan el 10% más pobre de la población y que gana alrededor de $4350. Es decir, que en un hogar pobre con dos mujeres que menstrúan, se gasta anualmente el equivalente a casi un mes entero de ingresos”, sostuvo D’Alessandro.

La funcionaria remarcó que durante la pandemia, el ingreso de las mujeres disminuyó y muchas perdieron su empleo. “Ello obligó a que muchas de ellas no usen la misma cantidad de productos, que se pasen a marcas más baratas o a métodos de gestión menstrual usando alternativas que afectan a su salud. Por eso, es importante abordar esta cuestión hoy y en este momento y comprometernos para trabajar hacia futuro para resolver esta situación”, afirmó.

En este sentido, destacó que hubo una reducción del precio de los tampones en más del 75% y casi del 40% para las toallitas, ya que estos productos fueron introducidos en la canasta de Precios Cuidados.

“Para nosotras es importante mostrar que, en principio, el Estado toma acciones y que tienen un impacto. En esta mesa tenemos al Ministerio de Desarrollo Productivo, de Economía, de Salud, de las Mujeres, la ANSES. No estamos desde un espacio sino desde un abanico amplio que integran el Estado porque entendemos que es un problema que atraviesa a todas las mujeres”, sostuvo D’Alessandro.

A su turno, Mariana Rivolta, remarcó la importancia de hacer cambios en el sistema impositivo para que sea más progresivo y equitativo.

Según datos relevados por la Dirección de Economía, Igualdad y Género el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos que adquieren las personas menstruantes representa unos 328 millones de pesos de la recaudación. “En este caso, una de las medidas en las que trabajamos es en la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual, toda vez que son una fuente de desigualdad de trato impositivo en la canasta de salud e higiene de las personas menstruantes”, dijo Rivolta

“Una de las premisas con las que pensamos la política tributaria en estos días es la de mejorar o impulsar la progresividad tributaria pero también impulsar la equidad tributaria. Es un trato igualitario que se le da a personas que tienen que utilizar de forma obligatoria un producto por el cual estamos cobrando un impuesto. En ese sentido, eliminar el impuesto sería una herramienta para mejorar la equidad”, finalizó.

Del encuentro participaron, entre otras funcionarias, Malena Galmarini, presidenta de AYSA; Cecilia Gómez Mirada, subsecretaria de Asuntos Parlamentario de la Jefatura de Gabinete de Ministros; la asesora presidencial, Dora Barrancos; Mónica Macha, diputada a cargo de la Comisión de Mujeres; María Alejandra Lopez, directora general de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y María Higonet, de la Red de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios.

Descargar