El secretario de Hacienda Raúl Rigo, y su par de Política Tributaria, Roberto Arias, participaron de la reunión constitutiva de la comisión mixta, que integran legisladores de ambas cámaras y representantes del Ejecutivo Nacional, y cuyo objetivo es proponer al Congreso una nueva fórmula de aumento de los haberes de jubilados y pensionados.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria por 180 días y facultó al PEN a establecer aumentos por decreto en forma trimestral durante ese lapso, que finaliza el 20 de junio próximo.

En el encuentro virtual, que fue presidido por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el Gobierno informó su intención de que se prorrogue la facultad que hoy tiene por ley para otorgar los próximos aumentos jubilatorios por la vía de decretos, hasta tanto se acuerde una nueva fórmula previsional.

En este contexto, Rigo aseguró que “una nueva fórmula de movilidad debe tener como propósito la estabilidad de los haberes previsionales en el tiempo, así como ser consistente con el objetivo de recuperar la sostenibilidad fiscal del Estado Nacional”.

Asimismo, los funcionarios de Economía precisaron que, en un marco donde las prestaciones previsionales representaron un 46,3% del gasto primario nacional y un 8,6% del PIB en el año 2019, la dinámica hacia el futuro de la movilidad jubilatoria es un elemento central para la sostenibilidad fiscal.

En tanto, explicaron que el menor nivel de actividad económica asociado a las medidas de aislamiento social y obligatorio derivadas de la pandemia de COVID-19, así como las políticas de alivio fiscal dispuestas por el Estado, repercuten profundamente en la recaudación tributaria (y en forma especial en los recursos de la seguridad social), pero también en los índices salariales e, incluso, en los índices de precios. Por ese motivo, los funcionarios consideraron que “no es factible” aplicar en el segundo semestre una nueva fórmula de movilidad, como estaba previsto antes de la crisis del coronavirus.

“Esta situación también aplica a la fórmula suspendida (aprobada en el año 2017 mediante la ley 27.426), la cual además tiene un comportamiento procíclico y con rezago que genera una pérdida importante en el haber de los jubilados antes aumentos de la inflación (como fue en el año 2018 y 2019) y, a la vez, produce un costo fiscal muy alto ante un proceso de desinflación, haciendo insostenible la dinámica fiscal”, detalló Roberto Arias.

Bajo estos fundamentos, el Gobierno solicitó la extensión por 180 días de la suspensión de la fórmula de movilidad. De este modo, al igual que durante el primer semestre del año, el PEN dispondrá aumentos por decreto “cuidando la equidad del sistema previsional y priorizando los adultos mayores que cobran un haber mínimo”.