El pasado 12 de febrero, en Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza, se presentaron los resultados del Estudio de Amenazas Aluvionales en el Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM), se contó con la presencia de funcionarios del gobierno y autoridades institucionales. Durante la apertura de la reunión, el Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Lic. Humberto Mingorance, habló sobre la importancia que tiene este estudio para poner en marcha una actualización de la ley de piedemonte sobre ordenamiento territorial, para regular el uso de la zona.

El informe puso en evidencia la problemática causada por el avance urbano sobre el oeste del Área Metropolitana de Mendoza, modificando las condiciones naturales del suelo y produciendo un riesgo hídrico sobre la población que vive en la zona y aguas abajo de la misma.

El estudio fue realizado por un equipo multidisciplinario pertenecientes al CRA y al CELA; coordinado por el Ing. Víctor Burgos, cuyos objetivos principales fueron:

• Analizar el impacto y la peligrosidad hidrológica y geomorfológica.

Identificar las zonas críticas en cuanto a deslizamientos, zonas inundables y erosión.

Plantear acciones de mitigación, normativas y pautas de urbanización.

La zona de estudio abarca un área de 1244 km², comprendida por 22 cuencas y 201 subcuencas. Se analizaron 6 escenarios (1 escenario con la situación actual, y 5 escenarios futuros incluyendo avance urbano tradicional, avance urbano de bajo impacto, avance agrícola, situación con incendios y cambio climático). Asimismo se realizó una Evaluación Multicriterio con 14 variables que caracterizan la amenaza hídrica, sintetizado en un mapa de amenaza aluvional.

En base a esto, se propusieron diferentes soluciones técnicas para disminuir el riesgo, cuya pauta principal es imitar las condiciones naturales del lugar mediante la implementación de drenajes no convencionales, para retener agua y permitir la infiltración en lugar de drenarla hacia aguas abajo con sistemas tradicionales.

Finalmente se propone un reglamento consensuado entre los municipios intervinientes que contengan estas restricciones y propuestas técnicas para desarrollar el piedemonte en zonas adecuadas.