Mediante el Decreto N° 260/2020 del 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria a causa de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

En este marco, se establecieron una serie de medidas para garantizar el aislamiento de los grupos de riesgo, como incentivar el trabajo remoto y la reducción de los servicios de transporte público.

En este sentido y con el fin de resguardar la tutela de los derechos y garantías de los interesados, el decreto remarca que “deviene imperioso suspender los plazos dentro de los procedimientos administrativos”.

Será para los procedimientos regulados por el Reglamento de Procedimientos Administrativos.

Quedan exceptuados de esta suspensión los trámites vinculados a la emergencia pública sanitaria. Asimismo, las provincias y organismos deberán disponer excepciones adicionales respecto de la suspensión.