A través del Decreto 341/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se reformó el artículo 10° de la Ley 26.075, transfiriendo al Consejo Federal de Educación (CFE) la negociación del convenio marco nacional con los gremios docentes.

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano conservará la capacidad de refrendar el acuerdo únicamente si este es compatible con los recursos previstos en el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. En caso de no serlo, podrá solicitar una nueva propuesta.

“El Estado Nacional participó durante años en negociaciones docentes. Resabios de un país menos federal, porque las negociaciones son para definir condiciones laborales de empleados provinciales ¿Qué tiene que hacer el Gobierno Nacional en esa discusión?”, cuestionó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al destacar el sentido de la reforma. Y agregó: “Con este decreto, el presidente Milei devuelve la negociación al lugar que corresponde: las provincias y el Consejo Federal de Educación”.

En ese sentido, el Ministro subrayó que “el federalismo no se proclama, se implementa”. “Y no debe haber un Presidente más respetuoso del federalismo que el Presidente Milei. El federalismo es menos intromisión del Estado Nacional en asuntos provinciales, es menos burocracia y es más poder para las provincias”, remató.

La reforma se ampara en las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases N° 27.742, que habilita la revisión de funciones estatales para garantizar una gestión más eficiente y reducir el gasto público.

El Ejecutivo justificó la medida argumentando que, tras la transferencia de los servicios educativos a las provincias, estas son las verdaderas empleadoras de los docentes y, por lo tanto, corresponde que sean las jurisdicciones quienes lideren la negociación con los gremios docentes, en lugar de mantener la intervención directa del Gobierno nacional.

Finalmente, el decreto establece que se deberá dar cuenta de esta modificación a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, conforme al procedimiento legislativo correspondiente.