A través de la Resolución 98/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Gobierno derogó la resolución 68/2007 y sus modificatorias, que establecía el peso mínimo para la faena de animales bovinos. Esta medida busca fortalecer la competitividad en el sector ganadero y favorecer el desarrollo de los productores.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que la resolución avanza en la remoción de una “distorsión indeseable”. “Si el productor elegía faenar con mayor kilaje al de la norma, la restricción gubernamental era innecesaria, pero si encontraba conveniente hacerlo con un peso menor, no podía optimizar su producción”, explicó.

La normativa, ahora derogada, establecía umbrales mínimos de peso para categorías como novillitos y vaquillonas, así como sanciones para quienes faenaran animales por debajo de ese límite. Estas restricciones generaban incertidumbre y dificultaban la planificación productiva del sector ganadero.

El objetivo de esta decisión es fomentar un marco de mayor libertad económica y eliminar regulaciones que restringían la autonomía de los productores. El sector ganadero cuenta hoy con el conocimiento y los medios suficientes para determinar el mejor momento de faena de acuerdo a sus propios objetivos productivos, sanitarios y comerciales, sin necesidad de una intervención estatal que fije estos parámetros.

“La prohibición de faena era obviamente una restricción para el productor que, al bajar el precio de la hacienda, potencialmente beneficiaba a los frigoríficos. Pero sólo en el corto plazo, porque en el largo plazo un negocio menos rentable reduce la oferta y termina encareciendo el producto”, señaló Sturzenegger.

La derogación de las resoluciones comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026. Hasta esa fecha, los productores y frigoríficos deberán adecuar sus procesos al nuevo esquema. Los procedimientos administrativos en curso por infracciones a las normas derogadas seguirán tramitándose bajo el régimen anterior. Esta medida se enmarca en la política de desregulación económica impulsada por el Decreto 70/2023, que promueve un mercado más libre y menos intervenido.

“El presidente Javier Milei ha argumentado una y otra vez que la actividad económica debe ser lo más libre posible de intervención estatal, ya que es el mercado el que logra aparear demanda con oferta de la manera más eficiente. La intervención estatal sólo deriva en distorsiones que benefician a unos en detrimento de otros, con pérdida de eficiencia neta para la sociedad”, agregó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.