El Gobierno nacional presentó el primer tratado vinculante a nivel regional sobre democracia ambiental

El Acuerdo Escazú, sobre derechos de acceso en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, fue el eje del encuentro organizado por la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.


A fin de abordar las perspectivas y desafíos del Acuerdo Escazú, el primer tratado legalmente vinculante en derechos de acceso de América Latina y el Caribe, el Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, encabezó la apertura de una jornada participativa junto al secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Santiago Otamendi, el subsecretario de Asuntos de América de la Cancillería, Leopoldo Sahores, y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann. El acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EEUU.

“La agenda ambiental, que nos encomendó el presidente Macri, une a todos los argentinos sin distinción, es por eso que debemos poner el bien común ante todo interés y debemos asumir los compromisos globales con responsabilidad local y con gobernanza circular”, subrayó Bergman en la apertura del encuentro que se realizó en el Instituto del Servicio Exterior. En ese sentido, el funcionario distinguió a “la sociedad civil y sus organizaciones por el mérito y el interés en temas ambientales; es un trabajo arduo que denota un cambio cultural y una demanda de la gente”.

El titular del organismo de Ambiente reconoció además que “América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor vulnerabilidad ambiental y social”, y que la firma de Escazú por parte de Argentina supone un “hito institucional que se apoya en tres ejes: la participación ciudadana; el acceso a la información, que apunta a ser real, digital y participativo, con apoyo de los trámites a distancia y centros descentralizados de atención que denoten una práctica de federalismo y coparticipación de las responsabilidades locales; y el acceso a la justicia ambiental, con fiscales y jueces capacitados en la materia y con una nueva categoría de delitos ambientales en los que se termine la penalidad, con premios y castigos, ya que aquel que contamine deba pagar”.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos de América de la Cancillería, destacó que “la firma de este acuerdo es un claro ejemplo de la importancia que la región le atribuye a esta herramienta. La participación ciudadana y el acceso a la información pública y a la justicia en asuntos ambientales son fundamentales desde la perspectiva de la profundización del sistema democrático, relevante para la política interior de desarrollo como para la política exterior argentina en un sentido de transparencia”.

“El derecho internacional va a la vanguardia e impulsa el derecho ambiental interno; es por eso que la región tiene motivos para exhibir con orgullo su performance en materia ambiental. El Acuerdo Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, que se refiere a un principio democrático básico que es el derecho de las personas a participar de las decisiones que afectan su vida y su entorno. En esta línea el Principio 10 afirma que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos”, concluyó Sahores.

“Desde la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados consideramos que este tratado es fundamental porque representa una política de Estado, por eso agradezco el esfuerzo del Secretario Bergman”, afirmó la diputada Schmidt Liermann, al tiempo que agregó: “El acceso a la información demuestra también la conciencia ciudadana, que puede implicar la evolución con el derecho ambiental. Es decir, si no estamos informados, si el Estado no difunde información, tampoco como ciudadanos tenemos la posibilidad de ejercer los derechos como corresponde. Entonces el acceso a la información es necesario e indispensable”.

Por último, el secretario de Justicia señaló: “Estamos ante un hecho de relevancia institucional y jurídica. La Constitución Nacional le otorga a este tipo de acuerdos la característica supranacional; esto nos genera una responsabilidad como país, a la vez que somos pioneros en estas iniciativas en términos de concreción de derechos”.

Durante el desarrollo del encuentro, Dolores Duvergés, directora nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Secretaría de Ambiente, disertó en el panel que abordó la negociación y los resultados obtenidos en el proceso iniciado con la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente hasta la reciente adopción del Acuerdo Escazú. En el mismo también participaron Marcia Levaggi, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, y Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL.

Más tarde, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación; Néstor Cafferatta, secretario jurídico de la Corte Suprema; y Andrés Nápoli, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, debatieron sobre las perspectivas y desafíos en la implementación del mencionado acuerdo.

Acuerdo Escazú

Este convenio, de carácter vinculante, es el primer tratado regional consensuado para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

La incorporación de este instrumento requiere que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 10 de democracia ambiental, incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este mecanismo llama a garantizar el acceso adecuado a la información pública ambiental; promover la participación ciudadana, individual o colectiva; y al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.

El acuerdo además brinda herramientas para que aquellos países que cuenten con un mayor desarrollo legislativo, como Argentina, puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas y el cumplimiento de las previsiones que le permiten a la población acceder a información, participar en procesos como los de evaluación de impacto ambiental y también controlar el cumplimiento de las decisiones que puedan adoptarse en materia ambiental, teniendo la posibilidad de acceder a la justicia.

Su característica vinculante implica la obligatoriedad de su aplicación para los países que lo ratifiquen, tanto para garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo.

Así, el tratado Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.