La medida fue impulsada para que las provincias también puedan contar con una herramienta concreta para recuperar el control dentro de las cárceles e impedir que personas detenidas utilicen teléfonos para organizar delitos, impartir órdenes o mantener activas estructuras criminales desde una celda.

El mecanismo permite bloquear el IMEI que identifica al equipo, el IMSI correspondiente a la tarjeta SIM y la línea telefónica asociada de los dispositivos móviles que se activen dentro de las áreas de detención y de acceso restringido. Los pedidos de las provincias que adhieran serán canalizados exclusivamente a través del Ministerio de Seguridad Nacional.

Esta herramienta ya se encuentra vigente en el sistema penitenciario federal. En abril de este año, mediante la Resolución 336/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional autorizó al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI en sus establecimientos para impedir el uso indebido de teléfonos celulares dentro de las cárceles.

Con la nueva resolución, cada provincia que adhiera podrá contar con el mismo mecanismo y aplicarlo en sus establecimientos penitenciarios. El objetivo es avanzar hacia un criterio común en todo el país: las cárceles deben ser lugares de cumplimiento efectivo de la pena y no centros desde donde los delincuentes puedan continuar operando.

La tecnología utilizada deberá evitar afectaciones a las comunicaciones fuera de los establecimientos penitenciarios. Además, las prestadoras deberán registrar y conservar las gestiones realizadas, garantizando la integridad y trazabilidad de la información.