El Gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), derogó la obligación de que los establecimientos que elaboran productos, subproductos y derivados de origen animal cuenten con un Director Técnico, ya que resulta una medida redundante frente a la fiscalización que realiza Senasa, los sistemas de autocontrol que tienen los frigoríficos y salas de faena, y la responsabilidad legal directa que la Ley 27.233 determina sobre los operadores de la cadena. La medida fue oficializada mediante la Resolución 592/2026 y forma parte del proceso de actualización y simplificación del marco regulatorio que acompaña la modernización del sistema sanitario argentino.

La resolución elimina dos artículos del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, vigente desde 1968, al considerar que esa exigencia quedó superada por los avances tecnológicos y por la evolución de los mecanismos de control sanitario implementados en las últimas décadas.

Desde SENASA señalaron que las garantías de inocuidad de los alimentos ya no dependen de la figura obligatoria de un Director Técnico, sino de un esquema integral que combina la habilitación de establecimientos, la fiscalización oficial permanente, sistemas de autocontrol documentados y la responsabilidad directa de los operadores de toda la cadena agroalimentaria.

En ese sentido, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que la eliminación de esta exigencia apunta a reducir costos que ya no aportan valor al sistema de control sanitario. "Bajar gastos innecesarios que impone el Estado es lo que va a permitir que los precios bajen en términos reales, en otras palabras, que el salario rinda más. La diferencia entre los países ricos y los pobres es que los pobres están llenos de estos sobrecostos y restricciones que solo nos empobrecen", afirmó.

Además, explicó que la obligación del Director Técnico "era redundante, porque la responsabilidad por la inocuidad de lo que producen ya es del establecimiento por ley, y sobre eso hay habilitación y fiscalización oficial permanente".

La medida también reconoce el cambio de paradigma introducido por la Ley 27.233, que establece que la responsabilidad primaria sobre la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de los productos recae en quienes producen, elaboran, transportan, comercializan, importan o exportan alimentos y productos agropecuarios. En ese marco, la intervención del Estado mediante controles oficiales no reemplaza ni exime las obligaciones de los actores privados.

Con esta actualización normativa, el Gobierno busca adecuar una regulación de más de cincuenta años a los estándares actuales de producción y fiscalización, eliminando requisitos considerados redundantes sin afectar las condiciones de seguridad alimentaria ni los controles que ejerce el SENASA.